La Fiscalía quiere causas separadas para proteger a los no aforados

M. SÁIZ-PARDO

Madrid. La Fiscalía no quiere que el Tribunal Supremo asuma la parte de la investigación por rebelión que instruye la Audiencia Nacional y en las que están imputados los miembros del destituido Govern de Carles Puigdemont, además del ex major de los Mossos Josep Lluís Trapero; los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la intendente del cuerpo policial autonómico Teresa Laplana.

El Ministerio Público no es favorable a unificar la causa contra el Ejecutivo de Puigdemont (sin aforamiento desde su destitución) con el sumario abierto contra la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa imputada (que mantienen su aforamiento) porque entiende que esto podría provocar problemas por falta de garantías. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha condenado a España en varias ocasiones porque un juicio en el Supremo priva al imputado de una segunda instancia.

Este es el principal motivo que alegará el escrito que la Fiscalía va a presentar al instructor del Supremo Pablo Llarena, quien ha iniciado los trámites para asumir toda la investigación. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela remitió ayer a Llarena el informe de su causa que le había solicitado. En ese documento, la juez no reclama la causa para sí, limitándose a hacer una descripción de los hechos que ha investigado hasta ahora en el sumario abierto por rebelión, sedición y malversación, y en el que mantiene en prisión a Junqueras, siete exconsejeros y a los dos 'Jordis'.

En principio, Llarena, antes de conocer la opinión contraria del Ministerio Público, tenía intención de agrupar las dos investigaciones porque investigan no solo hechos conexos, sino idénticos. Todo ello al margen de la evidencia de que muchos de los imputados en la Audiencia Nacional volverán a ser aforados en breve tras las elecciones del 21 de diciembre.

La mayoría de los abogados de los exmiembros del Govern encarcelados y de los que están fugados se han manifestado a favor de que Llarena se haga cargo de la investigación al completo. El Supremo, entienden los letrados, es menos proclive a dictar medidas cautelares tan duras como la prisión.

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