La Fiscalía pidió sin éxito imputar a Gallardón por el saqueo del Canal de Isabel II

Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de 2008. :: ignacio gil
Ignacio González y Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de 2008. :: ignacio gil

Anticorrupción dijo tener indicios de que él o su equipo desfalcaron 70 millones de euros en la compra de un empresa colombiana

R. C.

Madrid. El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón estuvo a un paso de ser imputado por el saqueo del Canal de Isabel II el pasado noviembre, seis meses antes de que la Guardia Civil desatara la denominada 'operación Lezo' que acabó con la detención de su sucesor, Ignacio González, en abril de este año.

Así lo revela el sumario de la 'operación Lezo', cuyo secreto ha sido levantado parcialmente, y que recoge que Anticorrupción pidió sin éxito en noviembre de 2016 al juez instructor del caso, el magistrado de refuerzo Alejandro Abascal, la imputación de Ruiz-Gallardón al considerarle responsable, junto a parte de su equipo («su gente», según las grabaciones) del desfalco de unos 70 millones de euros de dinero público por la compra ruinosa en 2001 de la empresa colombiana de tratamiento de aguas Inassa, sabedor de que el valor real de esa mercantil sudamericana era mucho menor.

Según los documentos que obran en el sumario que ahora instruye el magistrado Eloy Velasco, titular del juzgado y quien envió a la cárcel a Ignacio González, la decisión de apuntar contra el también exalcalde de Madrid la tomaron los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez tras revisar las grabaciones de los 'pinchazos' a los que había sido sometido el propio González, quien, ante sus interlocutores, señaló a Ruiz-Gallardón y a «su gente» como muñidores de aquella operación financiera.

«Alberto hizo una operación, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí (...) compraron una sociedad que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá». Esta frase de González fue la que puso en la pista a Anticorrupción. Según la Fiscalía, las palabras del todavía hoy encarcelado se refieren al agujero principal investigado en la 'operación Lezo': la compra de Inassa por 73 millones de dólares (más de 80 millones de euros, en la época), con un endeudamiento del Canal de Isabel II superior a los 51 millones de euros, cuando el valor real de la mercantil era muchísimo menor. Esta transacción tuvo el aval del Consejo de Gobierno que presidía Gallardón.

El propio González, en las conversaciones grabadas en noviembre del año pasado con el exministro Eduardo Zaplana y otros interlocutores, ponía en duda la legalidad de la operación, máxime cuando, siempre según Ignacio González, la empresa colombiana tenía un valor inferior a 30 millones de euros.

La Fiscalía, aunque no da crédito completo a las afirmaciones 'pinchadas' a González, sí que constata que el equipo de Ruiz-Gallardón desde luego aprobó la compra con un estudio «insuficiente» de los riesgos de la operación e insiste en que esta transacción, efectivamente tuvo que estar «controlada» por el exministro de Justicia o por su equipo.

«Gilipollas»

Los fiscales Carmen García y Carlos Yáñez en su escrito de acusación contra Ruiz-Gallardón que fue desestimado por el instructor añadían que, a su entender, era evidente que hubo «connivencia» de los responsables políticos del entorno del exministro en aquella compra ruinosa en Sudamérica que, al final, terminó reportando «beneficios económicos o políticos» a González.

Los pinchazos a Ignacio González recogidos por la Fiscalía dan cuenta de que el principal imputado en el 'caso Lezo' era plenamente consciente de la ilegalidad cometida por su antecesor, aunque se aprovechó de ella. González dice que él no es «como esta gilipollas que me ha sustituido» (Cristina Cifuentes) y que él ya sabía que tenía un «muerto» escondido en el armario cuando llegó. González reconoce que, en lugar de montar un «escandalazo» por la compra de Inassa por parte de Ruiz-Gallardón, prefirió «arreglar» el asunto, a pesar de que las auditorías internas le advirtieron del tremendo pufo.

Ante estas confesiones de González, Anticorrupción infiere que éste guardó silencio a pesar de saber del «fraude» de Inassa para beneficiarse de ello. Pero no solo señala a Ignacio González. La Fiscalía entiende que Ruiz-Gallardón, habida cuenta de que «tuvo el control de la adquisición fraudulenta» de la mercantil colombiana, cerró con su sucesor una suerte de «pacto de silencio y cooperación» para que no se destapara la operación.

La Fiscalía apunta a que la compra de Inassa lo que en realidad encubrió fue una «plusvalía» millonaria que se embolsó la sociedad intermediaria a través de la que se gestionó la compra de Inassa (la sociedad instrumental panameña Aguas de América, disuelta poco después).

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