La Fiscalía pedirá prisión para las autoridades que ayuden a la organización del 1-O

El fiscal general José Manuel Maza ayer antes de su intervención. :: efe/
El fiscal general José Manuel Maza ayer antes de su intervención. :: efe

Maza anuncia dos querellas contra los 14 miembros del Gobierno catalán y cinco de la Mesa del Parlamento por desobedecer y prevaricar

MATEO BALÍN

madrid. El fiscal general del Estado, José Manuel, Maza, ya garantizó el pasado martes que daría una respuesta «firme» en la defensa «de una patria común e indivisible», según proclama el Título Preliminar de la Constitución Española. Lo hizo ante el rey Felipe VI y la cúpula del Poder Judicial en el acto de apertura de los tribunales. Su aviso tardó solo 48 horas en consumarse. Rodeado de los principales cargos del Ministerio Público, Maza anunció ayer en una intervención sin preguntas una batería de actuaciones para frenar la aprobación de la Ley del Referéndum y el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre por parte de una mayoría simple del Parlamento.

En primer lugar comentó la presentación de una querella criminal por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña contra los miembros de la Mesa del Parlamento que tramitaron la citada norma. Son cinco de los siete diputados que componen este órgano. Entre ellos están la presidenta de la Cámara Carme Forcadell, tres de Junts pel Sí y uno de Catalunya Sí que es Pot (coalición en la que se integra Podemos). Fuentes fiscales ya habían comentado el miércoles la presentación de esta querella, que se sumaría o ampliaría a otra que ya investiga el Tribunal Superior de Cataluña contra estos mismos aforados.

Se trata de una causa abierta por delitos de desobediencia y prevaricación por incumplir las resoluciones y el mandato del Tribunal Constitucional. Unos circunstancias similares a las que acabaron en las condenas de inhabilitación contra el expresidente catalán Artur Mas, el exdiputado Francesc Homs y las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega.

En segundo lugar, el fiscal general anunció otra querella contra todos los miembros del Gobierno catalán, 14 en total con el presidente Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras. La razón es la aprobación de dicha Ley del Referéndum firmada por Puigdemont y el decreto de convocatorio de la consulta del 1 de octubre, rubricada por éste y los restantes integrantes de su ejecutivo. Dicha querella la presentará la Fiscalía catalana y será también el Tribunal Superior de Justicia quien la investigue al tratarse de actuaciones penales dirigidas contra aforados autonómicos. Los antecedentes hacen pensar en posibles inhabilitaciones.

Entre dos y ocho años

Pero las palabras de Maza en la apertura del año judicial, «no caben vacilaciones frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la Ley», se proyectaron ayer sobre un tercer escenario. Anunció que, en conformidad con el fiscal Superior de Cataluña y los jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, dio instrucciones para que pidan a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Escuadra que, en calidad de policía judicial, investiguen todas las actuaciones dirigidas a la organización del «referéndum ilegal».

El fiscal general consideró que de forma indiciaria pueden ser constitutivos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, un tipo que conlleva penas de entre dos y ocho años de prisión según la cuantía defraudada (250.000 euros). El Supremo, en la condena a Homs, ya sugirió que se podría haber aplicado este delito y la Fiscalía le ha tomado ahora la palabra en un claro aviso a las autoridades civiles y funcionarios.

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