La Fiscalía investiga como un delito de rebelión los actos violentos de los CDR

Una dotación de los Mossos vigila un peaje en la localidad barcelonesa de Martorell. :: Toni Albir / efe/
Una dotación de los Mossos vigila un peaje en la localidad barcelonesa de Martorell. :: Toni Albir / efe

Los grupos más radicales del independentismo levantan barreras de los peajes catalanes por segundo día consecutivo

CRISTIAN REINO

barcelona. Los comités de defensa de la república (CDR), los grupos independentistas vinculados a la CUP y coordinados a través de asambleas locales que han cogido el testigo de la protesta en la calle, están el centro del debate político por sus últimas movilizaciones, que han radicalizado la movilización secesionista. Sus últimas acciones han consistido en levantar las barreras de autopistas de peaje durante la operación retorno de Semana Santa. Ayer, actuaron en la C-32 a la altura de Sitges (Barcelona). «Hoy os podéis ahorrar los 40 minutos de costa: el peaje de la C-32 Castelldefels-Sitges ya hace años que está amortizado», anunció el Comité de la localidad de Begues.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional tomó ayer cartas en el asunto e informó a través de un comunicado de que se han abierto «investigaciones penales de todo tipo para llevar ante la justicia a los autores y promotores de esto vandálicos actos, que ponen en peligro no solo la paz pública y el orden constitucional, sino la misma esencia del sistema democrático». El Ministerio Público señaló además que la deriva de las protestas en estos últimos días podrían constituir delitos de rebelión o contra el orden público. Estos actos «no serán permitidos y la Fiscalía, como garante del orden constitucional, actuará con contundencia contra los mismos para llevar a sus autores ante la Justicia», destaca el comunicado.

Las referencias al carácter supuestamente violento de las protestas independentistas adquieren una mayor importancia en un momento en el que está sobre la mesa la acusación de rebelión contra los dirigentes del proceso. El propio Puigdemont ha alegado en su recurso al Tribunal Supremo que el 1-O no hubo «ningún tipo de violencia» que justifique que se le acuse de rebelión, un delito que puede acarrear hasta 25 años de prisión. De ahí que desde el propio independentismo haya sectores que opinan que las actuaciones de los CDR, que han sustituido a la ANC en el control de las movilizaciones, no ayudan en la defensa de los dirigentes secesionistas, en tanto en cuanto las manifestaciones ya no tienen un tono festivo como antaño, sino que ahora son mucho más contundentes, como se pudo comprobar el día que fue detenido Puigdemont, cuando una protesta acabó con un centenar de heridos.

Mano dura

Los principales partidos constitucionalistas instaron ayer al Gobierno central a que tome cartas en el asunto ante lo que entienden una escalada insurreccional de los comités. El PP calificó a los CDR como «grupúsculos de semi-violencia» que se asemejan a la «kale borroka» de la izquierda abertzale. «Me recuerda a lo peor que vivimos en la política vasca», afirmó el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, que cargó contra los «cuadros intermedios», de la Policía catalana por no impedir los «altercados». Ciudadanos fue más allá y pidió al Gobierno central que coja el toro por los cuernos frente a los que calificó como «comandos separatistas violentos». Si alguien «no está haciendo lo que tiene que hacer con los Mossos» son ellos, dijo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en relación al presidente del Gobierno y el ministro del Interior, que recordó tienen la máxima autoridad sobre la Policía en Cataluña por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El PSOE, mientras, reclamó a las autoridades que garanticen la seguridad ante los «actos vandálicos» de los CDR.

En el ámbito catalán, Catalunya en Comú-Podem advirtió de que la violencia no ayuda en la solución del conflicto soberanista. La CUP, formación que apadrina a los comités, no tardó en responder al anuncio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y reclamó que el Estado central deje de «criminalizar al pueblo». Los antisistema reafirmaron su apoyo a las acciones de los CDR, que calificaron de no violentas.

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