La Fiscalía investiga si hubo delito en el mitin de inicio de la campaña del 1-O

Los jueces avisan de que no actuarán de oficio para impedir actos y el Gobierno dice que corresponde a los tribunales intervenir

CRISTIAN REINO BARCELONA

La Fiscalía lanzó un aviso al inicio de las dos semanas de campaña electoral para el referéndum del 1-O y anunció que ha abierto diligencias por un presunto delito de desobediencia en el mitin de inicio de campaña que celebraron todas las formaciones y plataformas secesionistas en la plaza de toros de Tarragona el jueves por la noche ante unas 8.000 personas.

El acto contó con las intervenciones, entre otros, de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, y estuvo marcado por la advertencia lanzada horas antes por el Gobierno, que avisó al propietario del inmueble, la Diputación de Tarragona gobernada por el PDeCAT, de que celebrar el mitin podría ser constitutivo de delito. Aunque los organizadores no descartaban que se presentara la Policía para impedir su celebración al final no hubo incidentes. Todo transcurrió con normalidad.

Pero un día después, la Fiscalía de Tarragona abrió una investigación para determinar si la celebración de ese acto puede suponer un delito por desoír la suspensión decretada por el Constitucional del 1-O y de todos sus actos de preparación, incluida la campaña. El independentismo presentó el evento como el «mitin ilegal más importante de la historia», pero también se resguarda en el derecho a la libertad de expresión para organizar mítines. Eso sí, ni en los carteles ni en las convocatorias aparecían referencias al 1-O por lo que pudiera pasar.

La Delegación del Gobierno comunicó al Tarraco Arena que acoger el acto de inicio de campaña del referéndum es «ilegal». También trasladó el aviso a los responsables de un acto similar de inicio de campaña en Badalona (Barcelona).

El Gobierno, en cualquier caso, afirmó ayer que entre sus competencias no se encuentra la de clausurar mítines, aunque sea el de apertura de una campaña electoral que está suspendida por el Tribunal Constitucional. «El Gobierno no impide actos y son las autoridades judiciales y los fiscales quienes lo hacen», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo tras la reunión del Consejo de Ministros.

Pero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, salió al cruce ayer mismo y recordó en Barcelona que corresponde a los jueces decidir si se suspenden o no los actos a favor del referéndum, pero no pueden actuar de oficio. Lesmes precisó que la Fiscalía no tiene competencias para «acordar ciertas medidas como los registros o el cese de actividades» porque corresponde al juez decidirlo, pero este, a su vez, no puede suspender con su único criterio estas actividades porque debe actuar siempre bajo petición de la Fiscalía para después «acordar la decisión final tras haber valorado las circunstancias».

Sigue la campaña

A pesar de la apertura de diligencias por la Fiscalía, la campaña para el referéndum, salvo algún incidente en pequeñas localidades durante la noche del jueves, transcurrió ayer con normalidad. El PDeCAT y Esquerra, que han programado medio millar de mítines cada uno de aquí al 1-O, celebraron sus actos sin mayores sobresaltos. A diferencia del primer día, en que el independentismo compareció de forma unitaria, como hará el día 22 en Sabadell y el 29, en el cierre en Barcelona, hicieron campaña por separado.

Desde el Gobierno de Rajoy negaron cualquier atisbo de pasividad y defendieron que deben actuar con «proporcionalidad» ante los actos que pudieran ser ilegales de aquí al 1-O. Por prudencia, para no entrar en provocaciones y servir en bandeja los argumentos al adversario, que como se pudo comprobar el jueves en Tarragona, estaba casi deseando, y así lo demostraron los presentadores del acto con continuas referencias a que entrara la Guardia Civil.

Fuentes de la Moncloa apuntaron ayer que «no tiene la misma responsabilidad un ciudadano que va a un mitin que quien firma órdenes ilegales para su celebración». Para los próximos quince días, desde el Gobierno apuntaron que irán «reaccionando según vayan sucediendo los acontecimientos».

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