La Fiscalía General estudia ampliar la querella por rebelión si hay DUI

Maza maneja «todas las posibilidades» si el Parlament aprueba la independencia y Puigdemont se esconde detrás de los diputados

MATEO BALÍN MADRID.

La Fiscalía General del Estado trabaja ya con la idea de ampliar o redirigir la querella por un delito de rebelión, o en su defecto de sedición, si hoy se consuma en el Parlament la aprobación de la llamada Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte de los partidos secesionistas y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se esconde detrás de los 68 diputados que se necesitan para su aceptación, según señalaron fuentes judiciales.

Desde el departamento que dirige el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se confirmó de forma oficial el pasado sábado que tenía lista una querella por un delito de rebelión contra Puigdemont si se consumaba la declaración de independencia en la Cámara catalana. Sin embargo, en el borrador de Maza está muy presente las posibles argucias del presidente para no ser él quien haga la proclamación, sino que sea a través de una resolución firmada por los diputados de Junts pel Sí (61 y otro no adscrito) y la CUP (10) tras la pertinente votación.

«Todos los escenarios están abiertos y habrá consecuencias individuales si se declara la independencia», confirmaron dichas fuentes jurídicas. Entre las posibilidades que estudia la Fiscalía General se encuentran la de ampliar la querella a otros miembros del Gobierno catalán y/o a altos cargos del Parlament como Carme Forcadell o los miembros de la Mesa, ya investigados por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público escrutará el papel de todos ellos en la sesión de hoy antes de tomar una decisión sobre si les incluye de forma nominal en la querella.

Para José Manuel Maza, que hasta la fecha se ha mostrado muy «enérgico» en la respuesta de la Fiscalía contra el desafío independentista, no hay término medio si se vota la declaración de independencia y luego ésta no obtiene los votos mínimos necesarios, 68, en el Parlament. Ello en el supuesto de que haya un sector de parlamentarios del PDeCAT que a última hora se bajen del carro. En este caso, los efectos jurídicos de la tramitación de esta iniciativa tendrían también consecuencias penales, según advirtieron ayer las fuentes consultadas.

La prisión, «lógica»

Con respecto a Puigdemont, el fiscal general ya ha avanzado que en la querella se podría incluir la solicitud de prisión provisional para el presidente catalán. Se trata de una medida cautelar «lógica» para un delito de «tanta gravedad», dijo Maza esta semana, ya que conlleva una de las penas más altas del ordenamiento jurídico nacional: de 15 a 30 años de prisión en el supuesto de que se dirija contra el promotor y haya violencia en el llamamiento al «alzamiento tumultuario» para impedir o incumplir las resoluciones administrativas o judiciales.

Maza subrayó que la DUI «supone un acto de una gravedad importante que tiene también su repercusión y su relevancia», y que todas las medidas que tome su departamento son «normales y naturales en un Estado de Derecho». Sobre la competencia de una posible querella, el Ministerio Público cree que se dan las condiciones para presentarla en el Tribunal Supremo porque el ámbito del delito de rebelión trasciende del territorio catalán y afecta a todo el país y al extranjero.

La Sala Segunda (de lo Penal) sería competente para revisar la querella, decidir si la admite a trámite y en última instancia si ordena la aplicación de las medidas cautales que pedirá la Fiscalía, en este caso la prisión provisional si finalmente se dirige contra Puigdemont. Las espada de Damocles de Maza está en todo lo alto a la espera de la sesión de hoy en el Parlament.

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