La Fiscalía envía a la Guardia Civil a los ayuntamientos catalanes

Los agentes recabaron documentos sobre la cesión de espacios municipales para la consulta

M. SÁIZ-PARDO

Madrid. Efectivos de la Guardia Civil, por orden de la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña, comenzaron ayer a recabar información de los 712 ayuntamientos catalanes investigados tras asegurar que prestarían apoyo e infraestructura municipal para celebrar el referéndum declarado ilegal por el Constitucional.

Los agentes se desplegaron sobre todo en la provincia de Lérida con las órdenes del Ministerio Público de requerir a 31 consistorios de la provincia copia de todos los documentos oficiales redactados en apoyo de la consulta, así como copias de los acuerdos consistoriales para la cesión de espacios municipales para el 1-O.

Los guardias civiles se personaron, entre otros, en los ayuntamientos ilerdenses de Oliana, Tàrrega, Alpicat o Almacelles. El operativo en los consistorios de Lérida es la primera ocasión en la que las fuerzas de seguridad del Estado ponen en su punto de mira a los consistorios que han declarado públicamente su apoyo al referéndum y han anunciado la cesión de sus espacios públicos.

El operativo de Lérida tuvo su continuación en Tarragona, aunque no de forma presencial. Varios ayuntamientos de esta provincia recibieron requerimientos vía fax reclamando las actas municipales dando luz verde a que inmuebles de titularidad municipal fueran cedidos para el 1-O, así como copias de los informes jurídicos, en el caso de que los hubiera, sobre el uso de estos espacios el próximo domingo.

Tanto en Lérida como en Tarragona, los agentes apercibieron a los responsables consistoriales -y en particular a los secretarios de los ayuntamientos- de las responsabilidades penales en las que podrían incurrir en el caso de que su promesa de ceder los espacios municipales se consumara.

«Un paso más»

Fuentes del operativo precisaron que el despliegue de ayer solo es «un paso más» en la investigación judicial para, llegado el caso, acusar con «prubas fehacientes» de desobediencia o malversación a los responsables municipales que presten los locales.

La Guardia Civil recordó que las ordenes de la Fiscalía son «claras» y que pasan por identificar «personalmente» a todas las «autoridades» que de «forma activa» ayuden a la celebración de la consulta declarada ilegal para posteriormente determinar su posible responsabilidad «penal» de cada uno.

El instituto armado ha movilizado ya a centenares de agentes de Policía Judicial para ocuparse de esa avalancha de atestados.

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