La Fiscalía ve un delito de odio

Se abre un nuevo frente judicial en torno al pulso secesionista. La Fiscalía General del Estado ordenó abrir una investigación con el fin de esclarecer si las supuestas presiones de ayuntamientos independentistas, dueños de hoteles o manifestantes estuvieron detrás de las solicitudes para que las fuerzas de seguridad del Estado abandonaran los alojamientos en los que se encontraban, algo que, de ser cierto, podría constituir un delito de odio y discriminación, además de otros como coacción o amenazas, sostiene el Ministerio Público.

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