La Fiscalía cita a los alcaldes que promueven el «referéndum ilegal» bajo amenaza de detención

José Manuel Maza, la semana pasada. :: Fernando Villar / efe/
José Manuel Maza, la semana pasada. :: Fernando Villar / efe

Maza mantiene firme su pulso contra el desafío independentista y abre diligencias contra 712 alcaldes que anunciaron que pondrán urnas

MATEO BALÍN MADRID.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dio ayer un paso más en su respuesta «firme y enérgica» en la defensa «de una patria común e indivisible» frente al desafío independentista en Cataluña, cuyo esqueleto normativo aprobado por el Parlament por mayoría simple ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC) por estar fuera de la legalidad vigente. En una instrucción dirigida a los cuatro fiscales jefe provinciales de esa comunidad, Maza les ordenó pedir la citación en calidad de investigados (antigua figura del imputado) a los alcaldes de los ayuntamientos que cooperen en la organización del «referéndum ilegal» previsto para el 1 de octubre. Hasta el momento han manifestado su apoyo 712 de los 947 municipios existentes en Cataluña.

El pasado 5 de septiembre, en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, José Manuel Maza se mostró especialmente contundente «frente a la sinrazón de quienes se sitúan al margen de la ley, el Estado de Derecho y la democracia». «No caben vacilaciones de clase alguna», les advirtió. No fueron pocos los presentes que comentaron su discurso «claro y directo», que anticipaba una batería de actuaciones judiciales en contra de los que se salten la ley.

Ocho días después de aquella intervención ante el rey Felipe VI y la cúpula judicial, la Fiscalía General ha abierto varios frentes para responder a la desobediencia cada vez más evidente que exhiben las autoridades públicas que apoyan la celebración de un referéndum unilateral. Una consulta cuyos acuerdos marco fueron suspendidos por el TC el pasado jueves bajo apercibimiento a más de un millar de altos cargos en caso de rebeldía.

Pues bien, el mismo jueves Maza anunció la presentación de dos querellas contra 19 altos cargos del Govern, con el presidente Carles Puigdemont a la cabeza, y de la Mesa del Parlamet que tramitaron la Ley del Referéndum. Dichas querellas por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos fueron admitidas por el Tribunal Superior de Cataluña. El viernes, el fiscal general dictó un oficio en el que ordenaba a la Policía Judicial actuante (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) intervenir las urnas y otros efectos para la celebración del 1-O.

Este martes Maza exigió notificar en persona al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, el citado requerimiento, que éste acató, y ayer abrió la vía de la posible responsabilidad penal contra aquellos alcaldes rebeldes que ya fueron advertidos por el Constitucional.

Rebeldes y aforados

La instrucción ordena a las fiscalías de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona que incoen diligencias de investigación en los 712 ayuntamientos inscritos en la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), y se cite, por medio de la Policía Judicial, a sus alcaldes, en su mayoría de PDeCAT, ERC y la CUP, en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del «referéndum ilegal» en calidad de investigados y asistidos por letrados.

El oficio añade que se proceda, en el caso de que el primer edil no comparezca, «a acordar su detención» y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos como Policía Judicial para que lleven la citación «en el plazo más breve posible». Empezando por los ayuntamientos inscritos en el AMI con mayor población, caso de Gerona capital, Vic, Manresa, Igualada, Olot, Reus, Figueres, Cambrils, Sitges o Amposta.

En el caso de que los regidores tengan la condición de aforados por ser diputados nacional o autonómico, se pospone las citaciones mientras se estudia la situación de cada uno. Se trata de una quincena de los 712 y entre ellos estaría el diputado del PDeCAT en el Congreso de los Diputados y alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferrán Bel.

Los aforados no pueden ser investigados judicialmente sin que la Cámara en la que tienen escaño autorice esa investigación que correspondería en el caso de los diputados nacionales al Tribunal Supremo y en el de los autonómicos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El alcalde de Tortosa, por ejemplo, quisó dejar claro ayer que no está en su ánimo «forzar ninguna situación» para poner en un brete ni a los Mossos ni a la Policía Local de su municipio, de la que es el máximo responsable. «No voy a caer en la trampa de los que pretenden que esto genere problemas a los trabajadores públicos», aseguró.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, mostró ayer su apoyo a los alcaldes catalanes que se están viendo presionados para colaborar en el referéndum e insistió en su obligación de cumplir la ley. Por su parte, el colectivo de municipios independientes convocó un acto de protesta para este sábado en la plaza de Sant Jaume de Barcelona porque la situación «es muy grave», según su presidenta Neus Lloveras. La CUP anunció ayer que su treintena de alcaldes no irán a declarar a la Fiscalía por firmar el decreto de cesión de colegios electorales para el 1-O, por lo que podría ser detenidos.

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