La Fiscalía avisa a Puigdemont de que pedirá una euroorden de arresto si viaja

Puigdemont, el 12 de enero en Bruselas, junto a una delegación de 25 diputados de Junts per Catalunya. :: stephanie lecocq / efe/
Puigdemont, el 12 de enero en Bruselas, junto a una delegación de 25 diputados de Junts per Catalunya. :: stephanie lecocq / efe

Condiciona su solicitud a que el expresidente visite hoy Dinamarca, aunque la decisión dependerá del juez

NURIA VEGA MADRID.

Si el aviso de la Fiscalía General del Estado logra o no un efecto disuasorio se verá en cuestión de horas. El Ministerio Público emitió ayer un comunicado en el que hace saber a Carles Puigdemont que, de confirmarse este lunes su desplazamiento de Bruselas a Copenhague, solicitará «inmediatamente» al juez Pablo Llarena la reactivación de la orden de detención y entrega europea. Una advertencia que podría llevar al expresidente catalán a reconsiderar su agenda en Dinamarca.

La nota llegó poco antes de las tres de la tarde. Pendiente de la confirmación «vía policial» de los movimientos de Puigdemont, el Ministerio Público anticipó cómo actuará en caso de que la salida de Bélgica se sustancie. Tanto el ministro de Justicia como el de Interior ya habían adelantado esta posibilidad. Rafael Catalá trasladó el sábado que la Fiscalía deberá asegurarse, en primer lugar, de «si existe ese viaje» y, de ser así, decidir si «articula el mecanismo de cooperación internacional para su detención». Del mismo modo, Juan Ignacio Zoido advirtió ayer sobre un posible arresto si llegara a emitirse de nuevo la euroorden.

El procedimiento quedó suspendido el pasado 5 de diciembre. El juez que lleva la causa en el Tribunal Supremo contra los líderes del proceso independentista por rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, acordó anular las órdenes europeas de detención dictadas por la Audiencia Nacional. El juez Llarena argumentó que en caso de que la justicia belga denegara parcialmente la solicitud por determinados delitos, Puigdemont y los exconsejeros huidos podrían verse beneficiados frente a aquellos que como Oriol Junqueras sí habían decidido rendir cuentas.

Será también Llarena quien resuelva ahora si procede reactivar la euroorden en caso de que el Ministerio Público llegue a solicitarlo. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, contempla un riesgo «bastante alto» de detención si el juez decide actuar, pero no baraja que la justicia danesa acepte extraditar al expresidente. No se dan, a su entender, «los requisitos para hablar de rebelión». Ni en Dinamarca ni en Bélgica ni en España, defendió en una entrevista en RAC1.

La agenda

Su cliente, el candidato de Junts per Catalunya, tiene previsto participar hoy en un coloquio organizado por el departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague bajo el título: '¿Cataluña y Europa, en una encrucijada por la democracia?'. Además, el martes figura en su agenda una reunión con varios diputados daneses a la que no acudirán los partidos de la coalición de gobierno en Dinamarca.

Se trata, por lo tanto, de un viaje de poco más de 24 horas que a Puigdemont, según recoge la agencia AFP de fuentes diplomáticas, le podría servir para poner el contador a cero en Bélgica, dado que el 30 de enero se cumplen tres meses de estancia en el país y se hace necesario que solicite el permiso de residencia. Pero la fugacidad de la visita también complica la reactivación de la euroorden.

El magistrado del Tribunal Supremo deberá considerar hasta qué punto es efectivo cursar la petición cuando cabe la posibilidad de no llegar a tiempo y, por otro lado, si la rectificación, después de haber anulado la solicitud en diciembre, perjudica la imagen de la justicia española en el exterior. Hace mes y medio argumentó, además, que se investiga un delito de rebelión «dotado de unidad jurídica inseparable» y cometido por una organización.

Las órdenes que mantuvo activas son las nacionales, las que permitirían arrestar a los huidos en caso de vuelta a España. Precisamente el sábado, la Fiscalía emitió otro comunicado para descartar que la inmunidad de la que gozan los diputados sea equivalente a impunidad.

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