La Fiscalía actuaría «sin complejo» contra los voluntarios del referéndum

José Manuel Maza. :: efe

El Gobierno cree que la idea de reclutar 4.500 agentes electorales revela una «impotencia clara» de Puigdemont

NURIA VEGA

madrid. Por ahora es una «mera hipótesis». El «anuncio del anuncio», que diría el Gobierno. Pero la Fiscalía General del Estado pone ya sobre aviso a Carles Puigdemont antes de que proceda a reclutar 4.500 voluntarios para ejercer de agentes electorales el día del referéndum. «Si entendemos que en cualquier circunstancia se ha incumplido la ley -anticipó ayer José Manuel Maza- actuaremos sin ningún tipo de complejo ni exacerbación».

Tanto el Ministerio Público como el Gobierno, de momento, se han limitado a tomar nota del anuncio del presidente catalán. El pasado miércoles Puigdemont intentó frenar los recelos de los sindicatos con la garantía de que los funcionarios no se verán obligados a participar en la organización de la consulta. En consecuencia, avanzó su intención de abrir una bolsa para que cualquiera que desee colaborar el día de la votación, el 1 de octubre, sea o no empleado público, pueda inscribirse y formarse previamente.

Ninguna de las declaraciones del dirigente catalán pasan desapercibidas en la Fiscalía, aunque por sí mismas no resulten suficientes para motivar una actuación. Es por eso que Maza no ahondó ayer en si cabe emprender acciones legales contra aquellos que se impliquen en la puesta en marcha del referéndum independentista de manera voluntaria. Mientras no haya decisión firme, el fiscal general del Estado se limita a avisar de que ningún «comportamiento penal» va a ser ignorado.

Lo mismo ocurrió el 9 de junio, cuando Puigdemont y su número dos, el vicepresidente Oriol Junqueras, comparecieron en el Palau de la Generalitat para revelar el día de la consulta y la pregunta que se proponen plantear a la sociedad catalana. En aquel momento, ni la Abogacía del Estado ni el Ministerio Público detectaron que la cita tuviese relevancia jurídica. No hubo convocatoria formal del referéndum ni documento recurrible. Pero días después, la Fiscalía Superior de Cataluña se sirvió del contenido del acto para reforzar su querella contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la compra de las 8.000 urnas. En el escrito argumentó que si la idea es llamar a votar el 1 de octubre, está claro en qué se empleará el material.

El día después

La Generalitat tiene previsto dar a conocer los detalles técnicos y legales de la consulta en 15 días. Pero el Gobierno considera que los últimos movimientos revelan la «impotencia clara» de Puigdemont. En la Moncloa sostienen que la aventura independentista no está atravesando su mejor momento en términos de apoyo social y amparo internacional. Y en ese contexto enmarcan los pasos del presidente catalán. «Una bolsa de voluntarios no tiene seriedad alguna», incidió ayer el portavoz del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros.

Íñigo Méndez de Vigo deslizó, además, su impresión de que el socio del PDeCAT tiene la vista puesta ya en el día después de la consulta, en cómo conformar el futuro Gobierno de la Generalitat, «un elemento de reflexión para Puigdemont». El también ministro de Educación animó al dirigente catalán a tener en cuenta los mensajes cruzados en el debate de la moción de censura entre Esquerra Republicana y el representante de En Comú Podem, Xavier Domènech. «Ya están pensando en el 2 de octubre -subrayó-, probablemente también con las CUP».

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