Un exvicepresidente del TC para saltarse la Constitución

La Guardia Civil concluye que el «arquitecto jurídico» del 'procés' fue Viver, número dos de la corte durante tres años

M. SÁIZ-PARDO

madrid. La Guardia Civil ya no tiene ningún género de dudas tras estudiar la documentación hallada durante los registros del 20 de septiembre en el marco de la 'operación Anubis' contra el intento secesionista catalán y escuchar los pinchazos de los principales implicados en el órdago independentista: el expresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Suñer fue el verdadero «arquitecto jurídico» del 'procés'. Este reputado jurista, que en 2004 fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y que en 2005 recibió la Orden del Mérito Constitucional, precisamente habría sido designado de manera «expresa» por Carles Puigdemont en febrero de 2016 para idear la fórmula de esquivar las ilegalizaciones y vetos del tribunal del que había sido vicepresidente entre 1998 y 2001.

Así se desprende de la abundante documentación que el instituto armado ha enviado en las últimas semanas al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el primero que comenzó a investigar el intento separatista. En sus informes, los investigadores, que han tenido intervenidas judicialmente las comunicaciones a Viver desde el pasado verano hasta octubre, zanjan que el exmagistrado ha ejercido las labores de «impulso, coordinación e implementación» de la llamada desconexión con España a través del «proceso de transición nacional» y siempre siguiendo «las directrices fijadas por el Gobierno» de la Generalitat. Desde su puesto de presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, la Guardia Civil le sitúa como uno de los padres, sino el más importante, de la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Los pinchazos durante la 'operación Anubis' -apuntan los atestados- revelan que Viver era plenamente consciente del papel que jugaba en todo el proceso ilegal, hasta el punto de que el exmagistrado fue cumpliendo las pautas de 'seguridad' dictadas por la Generalitat en el caso de posibles registros judiciales contra el 'procés'.

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