La extradición de Puigdemont podría allanar la investidura

Su ingreso en prisión y su inhabilitación no harían necesaria su renuncia como diputado y a JxCat y ERC solo les faltaría convencer a Comín

C. REINO

barcelona. El independentismo dio ayer rienda suelta a su indignación por la detención de Carles Puigdemont, pero si el expresidente es extraditado a España y puesto a disposición de la justicia española, el bloqueo de la investidura podría desencallarse por una jugada de rebote indirecta. En este caso, el secesionismo podría aplicarse aquello de que no hay mal que por bien no venga. Y es que, si Puigdemont ingresara en una prisión española, JxCat y ERC podrían ganar un voto más del que tienen ahora y solo les haría falta convencer a Toni Comín para ganar la votación de la investidura en segunda ronda, sin necesidad de contar con el apoyo de la CUP, que a día de hoy está complicado, aunque Quim Torra (JxCat) sorprendiera el sábado en el debate de la Cámara catalana diciendo que Turull tenía los votos necesarios.

La aritmética actualmente está de la siguiente manera, como se comprobó el jueves pasado en la votación de la elección fallida de Jordi Turull: JxCat y ERC suman 66 escaño y están a dos de la mayoría absoluta, pero como Puigdemont y Comín, en tanto que fugados, no pueden votar en un pleno de investidura se quedan en 64. Neoconvergentes y republicanos necesitan por tanto cuatro votos de la CUP para ganar la votación en primera ronda o al menos dos votos de los anticapitalistas en segunda ronda.

Voto delegado

Esquerra reclamaba desde hace días a Puigdemont que renunciara a su escaño y dejara que otro ocupe su lugar. Pero ahora esa exigencia dejará de ser necesaria. Si entra en prisión, el expresiente podría delegar su voto, como ya ha hecho el líder de ERC, Oriol Junqueras. De convencer a Comín para que se aparte ya se encargaría Esquerra.

Por otro lado, si un poco más adelante la Sala de Apelaciones confirmara el auto de procesamiento y encarcelamiento dictado por el juez Llarena, Puigdemont (y también Junqueras) quedarían inhabilitados para el ejercicio de cargo público, según prevé la Ley de Enjuciamiento Criminal. O sea, perderían su condición de diputados.

El problema con el que pueden encontrarse los secesionistas es que si los plazos de entrega de Puigdemont a la justicia española se demoran más allá del 22 de mayo, fecha tope para una celebrar una nueva sesión de investidura tras la fallida de Jordi Turull, volverían a la casilla de salida. En ese caso, ninguna de las fuerzas políticas podría evitar la convocatoria automática de elecciones que, en principio, nadie desea.

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