Los exconsejeros presos prometen al juez secundar el «diálogo y la negociación»

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras sale ayer del Tribunal Supremo tras declarar ante el juez Llarena. :: jaime garcía/
El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras sale ayer del Tribunal Supremo tras declarar ante el juez Llarena. :: jaime garcía

La Fiscalía pide al juez del Supremo, que resolverá este lunes, que sigan encarcelados porque se trata de un grupo delictivo que sigue su hoja de ruta

MATEO BALÍN MADRID.

Que la prisión pasa factura parece indudable. Hayas pasado un día -el exconsejero catalán Santi Vila llegó a decir que era una situación «desoladora y terrible»- o un mes, periodo que cumplen precisamente hoy sus ocho compañeros en el Gobierno destituido de Carles Puigdemont que ayer comparecieron en el Tribunal Supremo con un único objetivo: salir de la cárcel y estar presentes en la campaña electoral que comienza este lunes a medianoche.

El camino para lograr esta meta ya fue allanado por Carme Forcadell, la 'multiquerellada' presidenta del Parlament, que quedó en libertad el pasado 10 de noviembre tras abonar 150.000 euros de fianza al día siguiente a entrar en prisión. Su acatamiento del artículo 155 de la Constitución, que provocó el cese del Ejecutivo, la disolución de la Cámara catalana y la consecuente convocatoria de elecciones el 21 de diciembre, fue parte del billete pagado para evitar la prisión sin fianza (incondicional).

La otra mitad, según escribió entonces el juez del Supremo Pablo Llarena en su auto de prisión, se enmarcó en el compromiso adquirido por la dirigente de Esquerra Republicana de que seguiría haciendo política pero dentro del «marco constitucional». Un velada confirmación de que la vía unilateral, el destino de quien se sitúa en la ilegalidad, quedaba aparcado. Al menos de palabra ante el juez.

Así nació la llamada 'vía Forcadell'. El sometimiento al marco legal para que el riesgo de reiteración delictiva, uno de los presupuestos que valoran los jueces para el encarcelamiento preventivo, se evapore.

Esta, y no otro, fue la estrategia que ayer pusieron en escena Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva o Jordi Turull, núcleo duro del huido Puigdemont, ante el juez Llarena. También los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presos desde el 16 de octubre, han ido bajando el pistón de la resistencia en sus sucesivos escritos de defensa (mes y medio en prisión pasan doble factura).

Incluso Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación y única investigada que no formará parte de ninguna de las candidaturas el 21-D, se descolgó con un alegato mucho más alejado que el de sus compañeros. «Las vías unilaterales no son positivas», llegó a declarar ayer, según señalaron fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios.

Así las cosas, en poco más de tres horas comparecieron los diez investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos presos en tres cárceles de Madrid. Breves intervenciones para responder a las preguntas de sus abogados, a los fiscales del Supremo Consuelo Madrigal y Jaime Moreno -Junqueras y Romeva lo rechazaron- y quien quiso a la acusación popular de la causa, representada por el partido VOX.

Adiós a la unilateralidad

Todos ellos, en mayor o menos medida, con más o menos énfasis, no solo secundaron la 'vía Forcadell' sino que dieron un paso más «dentro de los cauces democráticos». Manifestaron su apoyo a la nueva etapa política que atraviesa Cataluña tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobado por el Senado y la convocatoria electoral. Esto supone, en esencia, el abandono de la vía unilateral, el acatamiento del citado precepto, aunque no lo compartan, o la reforma de la Constitución desde «la negociación y el diálogo» con la intención de consumar un referéndum pactado. En suma, volver al redil constitucional.

Hubo abogados defensores, incluso, que llegaron a preguntarles a sus clientes de forma directa si abandonaban la «vía unilateral». Y la respuesta fue unánime: «Sí».

Sin embargo, los fiscales se mantuvieron en su posición de sostener el palo y dejar la zanahoria a Llarena -idéntica postura que con Forcadell y los miembros encausados de la Mesa del Parlament-y reclamaron a éste que mantenga la incondicional para los diez. La razón fue que, pese a las explicaciones exculpatorias, todos forman parte de una «organización delictiva» y mantienen su hoja de ruta para conseguir la independencia fuera de la ley. Por lo tanto, afirmaron, el riesgo de fuga y de reiteración delictiva no se ha modificado pese a que la causa ha cambiado de juez y de tribunal, de la Audiencia Nacional al Supremo.

La decisión final que marcará el comienzo de la campaña la tomará Llarena el lunes por la mañana. Tendrá que valorar en un auto si los argumentos de los encarcelados son suficientes para modificar la prisión incondicional o no. Aunque todos los acontecimientos vividos ayer parecen indicar que sí. Con o sin fianza y cuánto está por ver.

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