Junqueras y todos los exconsejeros presos reniegan de la DUI para conseguir la libertad

Oriol Junqueras./Afp
Oriol Junqueras. / Afp

El exvicepresidente es el único miembro del Gobierno catalán destituido que no acata expresamente el 155, aunque reconoce sus efectos

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

Oriol Junqueras y todos los exconsejeros presos quieren recuperar la libertad antes de las elecciones del 21 de diciembre y lo apuestan todo a la 'vía Forcadell', aunque eso suponga reconocer que la declaración unilateral de independencia (DUI) fue poco más que un brindis al sol sin ningún valor jurídico y a pesar de que ello suponga dejar en papel mojado sus promesas republicanas.

     Solo minutos después de que el Parlament aprobara la DUI el pasado 27 de octubre, el entonces vicepresidente catalán dio la bienvenida a la «nueva república» en su discurso. Menos de cuatro semanas después, Oriol Junqueras, desde la cárcel de Estremera, reniega ahora de aquella declaración y asegura que lo aprobado en la cámara autonómica tenía un valor «estrictamente político», es decir sin validez jurídica.

     Se trata de la misma expresión que le sirvió a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, para escapar de la cárcel con una fianza. Ese mismo argumento, con algunas variantes, es el que usan también los siete exconsejeros presos junto a Junqueras en sus recursos de apelación ante la Audiencia Nacional para conseguir su libertad.

     Pero el cabeza de lista de Esquerra no va tan lejos como sus compañeros. Jordi Turull o Josep Rull acataron el 155 sin reparos en sus escritos presentados el lunes, aunque ayer lo intentaran matizar en un mensaje en Twitter. Joaquim Forn, Raül Romeva, Carles Mundó, Meritxell Borrás y Dolors Bassa presentaron alegatos muy similares.

     El exvicepresidente, sin embargo, es menos claro en su apelación. Se niega a reconocer de manera expresa la validez legal de la intervención de la Generalitat por parte del Ejecutivo central, pero se queda muy cerca.

Joaquim Forn.
Joaquim Forn.

Sin reuniones

     

     En su intento de que a también él se le aplique la 'vía Forcadell' para salir a la calle antes de las elecciones del 21 de diciembre, Junqueras sostiene que es palmario que, aunque no acate el artículo 155, el Govern de Carles Puigdemont ya no tiene ningún poder, en tanto en cuanto «no se ha reunido desde el día de su cese y no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre».

     «Es evidente que los encausados, a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros», apunta el escrito, dando una de cal y una de arena.

     El malabarismo de Junqueras en su recurso es complejo. Todavía defiende la «legitimidad» del Govern destituido, pero al tiempo reniega de la DUI y dice «compartir» el «objetivo» de la «aplicación del artículo 155» de poner en marcha un «proceso electoral», aunque éste haya sido «fijado por el Gobierno de España». Al final, una suerte de acatamiento suave del 155 por la vía de los hechos, aunque sin llegarlo a reconocer.

     «No caigamos en antiguos errores. Junqueras fue cesado por el 155 y ha decidido ganar las elecciones. Efectivamente aceptó el cese, pero desde la discrepancia política, nada más», indicó ayer en las redes sociales el letrado del exvicepresidente, Andreu Van den Eynde.

La Fiscalía quiere mantener las causas separadas

M. S-P.-La Fiscalía no quiere que el Tribunal Supremo asuma la parte de la investigación por rebelión que instruye la Audiencia Nacional y en las que están imputados los miembros del destituido Govern de Carles Puigdemont, además del ex major de los Mossos Josep Lluís Trapero; los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y la intendente del cuerpo policial autonómico Teresa Laplana.

     El Ministerio Público no es favorable a unificar la causa contra el Ejecutivo de Puigdemont (sin aforamiento desde su destitución) con el sumario abierto contra la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa imputada (que mantienen su aforamiento) porque entiende que esto podría provocar problemas por falta de garantías. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ya ha condenado a España en varias ocasiones porque un juicio en el Supremo priva al imputado de una segunda instancia.

     Este es el principal motivo que alegará el escrito que la Fiscalía va a presentar al instructor del Supremo Pablo Llarena, quien ha iniciado los trámites para asumir toda la investigación. a juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela remitió hoy a Llarena el informe su causa que le había solicitado. En ese documento, la juez no reclama la causa para sí, limitándose a hacer una descripción de los hechos que ha investigado hasta ahora en el sumario abierto por rebelión, sedición y malversación, y en el que mantiene en prisión a Junqueras, siete exconsejeros y a los dos 'Jordis'.

     En principio, Llarena, antes de conocer la opinión contraria del Ministerio Público, tenía intención de agrupar las dos investigaciones porque investigan no solo hechos conexos, sino idénticos. Todo ello al margen de la evidencia de que muchos de los imputados en la Audiencia Nacional volverán a ser aforados en breve tras las elecciones del 21 de diciembre.

     La mayoría de los abogados de los exmiembros del Govern encarcelados y de los que están fugados se han manifestado a favor de que Llarena se haga cargo de la investigación al completo. El Supremo, entienden los letrados, es menos proclive a dictar medidas cautelares tan duras como la prisión.

Romeva, Mundó y Bassa asumen su cese por el 155

Los exconsellers de Exteriores, Justicia y Trabajo Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa han pedido a la Audiencia Nacional que les permita salir de prisión, con el argumento de que asumen su cese por la aplicación del artículo 155 y que la declaración de independencia fue solo "política". Los tres exconsellers han esgrimido los mismos argumentos que el exvicepresidente Oriol Junqueras para pedir a la sala de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.

En sus recursos de apelación, los tres exconsellers de ERC aducen que el Govern no se ha reunido ni ha adoptado ninguna decisión desde que se le cesó por aplicación del artículo 155, aunque evitan acatarlo expresamente, como sí han hecho los exconsellers de PDeCAT en prisión Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

Tras insistir en que el gobierno catalán no se ha reunido desde su cese, no ha adoptado acuerdos ni ha publicado "actos ejecutivos" tras la aplicación del 155, los recursos -presentados por el abogado Andreu Van den Eynde- atribuyen un valor "estrictamente político" a la declaración de independencia que el Parlament aprobó el pasado 27 de octubre. En un mensaje en Twitter, el abogado Andreu Van den Eynde ha insistido hoy en que Junqueras aceptó el cese como miembro vicepresidente del gobierno catalán, "pero desde la discrepancia política".

"No caigamos en antiguos errores. Junqueras fue cesado por el 155 y ha decidido ganar las elecciones. Efectivamente aceptó el cese, pero desde la discrepancia política, nada más", ha indicado hoy el letrado en las redes sociales, tras hacerse público el contenido del recurso planteado por el vicepresidente. Esta línea de defensa de los recursos, asumiendo la aplicación del artículo 155, ya la anticipó ante la juez Lamela el propio Van den Eynde durante los interrogatorios el pasado 2 de noviembre en la Audiencia Nacional, cuando aseguró que los miembros destituidos del Govern no habían regresado a sus despachos tras su cese.

"Parece que formalmente se ha acatado el 155", sostuvo entonces ante la juez el letrado de Oriol Junqueras y de los exconsellers de ERC, según recoge el audio de las declaraciones, que publica el diario Ara. "Seamos sinceros -agregó entonces el letrado-, Carles Mundó se ha dado de alta en la Seguridad Social y ha regresado a su despacho de abogados. Y estos señores de aquí (en alusión a los demás exconsellers) no han regresado a sus despachos (en la Generalitat)", apuntó. En sus declaraciones, los ocho exconsellers ahora encarcelados se desmarcaron de la violencia para lograr fines políticos -Junqueras incluso se remitió a sus creencias religiosas- y alegaron indefensión porque habían tenido apenas un día para preparar su comparecencia, por lo que únicamente respondieron a las preguntas de sus defensas.

«Lesiona»

     

     Junqueras, como la mayor parte de los exconsejeros encarcelados, no oculta que su objetivo de recuperar cuanto antes la libertad es participar en las elecciones. Por ello, insiste en que la prisión preventiva para un «actor de la escena política actual», como se define él mismo, le provoca un importante «daño reputacional» en plena precampaña.

     Según el líder de Esquerra, su encarcelamiento «lesiona irremediablemente» su derecho a la participación política, pero también el del conjunto de la ciudadanía, que se ve privada del derecho a la «representación política». Así, insiste en que la prisión es una medida «profundamente desproporcionada», que podría sustituirse sin problemas por otras medidas cautelares como la retirada del pasaporte, las presentaciones regulares o una fianza.

     Las elecciones son un argumento recurrente en los escritos de todos los encarcelados, particularmente en el de Forn. El que fuera consejero de Interior y máximo responsable político de los Mossos afirma que precisamente la celebración de los comicios de diciembre aminora cualquier riesgo de reiteración delictiva porque «el marco de unas elecciones y el desarrollo político futuro apuntan más bien a soluciones de compromiso y entente».

     En su escrito de apelación ante la Audiencia Nacional, Forn destaca que «asumió la nueva situación jurídica y cesó en el ejercicio de su función pública, sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia». Es más, asegura que jamás instó a la rebelión a los 17.000 agentes de la policía catalana.

     Como el resto de los encarcelados, Forn recuerda que no puede destruir pruebas porque está «desvestido de autoridad» y que desde su destitución no ha tomado ninguna decisión que ponga en duda la aplicación del artículo 155.

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