«El Estado quiere acabar con nosotros»

Forcadell, acompañada por el resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán contra los que se ha querellado la Fiscalía. :: a. estévez / efe
Forcadell, acompañada por el resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán contra los que se ha querellado la Fiscalía. :: a. estévez / efe

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña notifica la querella al Gobierno catalán y a la Mesa del Parlament

CRISTIAN REINO

barcelona. Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificaron ayer de forma personal la admisión a trámite de las querellas presentadas por la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto del Ejecutivo, así como contra los miembros soberanistas de la mesa de la Cámara catalana.

Los responsables gubernamentales serán investigados por el alto tribunal catalán por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por convocar el referéndum, mientras que a los miembros de la mesa se les han abierto diligencias por los mismos delitos, salvo el de malversación. Por este último, Puigdemont y sus consejeros, en caso de acabar condenados, podrían ir a prisión. En el caso de la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, se trata de la tercera querella desde el inicio del proceso.

En un auto dado a conocer ayer, el TSJC ve indicios de que los miembros del Gobierno catalán utilizaron «arbitrariamente» sus «potestades» al convocar un referéndum sobre la independencia, firmando dos decretos, que, además, «van a incidir en el ámbito del gasto público», lo que abre la puerta a la imputación por malversación de fondos, el único delito del que se les acusa que comportaría penas de cárcel. Prevaricación y desobediencia implican penas de inhabilitación, como las que el TSJC impuso a Mas, Ortega y Rigau por el 9-N y el Supremo a Homs.

El director de TV-3 recibe la advertencia del TC que le obliga a paralizar la campaña del referéndum

El auto del TSJC recoge el argumento de la Fiscalía, según el cual los independentistas, con la ley del referéndum aprobada la semana pasada, pretendían dar una «apariencia de cobertura legal y de normalidad» a la celebración del «referéndum secesionista» que «notoriamente se sabe» va en contra del «ordenamiento jurídico» y vulnera «frontal, abierta y groseramente» los mandatos del Constitucional.

El alto tribunal catalán denuncia la «pertinaz, inequívoca e irresistible» voluntad del Ejecutivo de Puigdemont de llevar adelante su proyecto político «de hechos consumados», con total «desprecio» a la Constitución de 1978. Los miembros del Ejecutivo catalán, según el auto, sabían perfectamente la «manifiesta inconstitucionalidad» de los actos realizados.

Respecto a los miembros soberanistas de la mesa de la Cámara catalana, la querella ha sido admitida a trámite, pues el TSJC aprecia indicios de delito de desobediencia y prevaricación por votar a favor de tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional. «Van a por todo un pueblo», afirmaron Forcadell y los cinco querellados de la mesa. «El Estado quiere acabar con nosotros», denunciaron.

Además, el Tribunal Constitucional notificó ayer al director de TV3, Vicent Sanchis, la resolución en que le advierte de que no debe difundir acuerdos o actuaciones que permitan la celebración del referéndum de independencia suspendido. La advertencia tiene que ver con la paralización del anuncio institucional del referéndum, que hasta ahora está difundiendo la cadena autonómica, a pesar de la suspensión del decreto de convocatoria por parte del Constitucional.

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