UN 155 ELECTORAL

JOAQUIM COLL / HISTORIADOR

Desde el 1 de octubre la sociedad catalana está experimentando sucesivos baños de realidad. Es cierto que en algunas ocasiones el separatismo se ha sentido reforzado, por ejemplo, frente a la torpe acción policial durante el 'referéndum', o la semana pasada cuando la juez Carmen Lamela ordenó el encarcelamiento de los dos Jordis (Sànchez y Cuixart) acusados de sedición. Sin embargo, las mentiras separatistas sobre el carácter indoloro del proceso de ruptura también han quedado al descubierto con la estampida empresarial y financiera, la huida de depósitos bancarios, la caída del consumo como respuesta a la incertidumbre, el riesgo palpable de enfrentamiento civil entre los propios catalanes o el rotundo rechazo de la UE a las actuaciones unilaterales de la Generalitat y el apoyo al Gobierno español.

La suma de todo ello ha hundido a la sociedad catalana en una profunda crisis política con devastadores efectos sociales y económicos. La única salida democrática es la convocatoria de unas elecciones autonómicas que pueda devolver la normalidad a Cataluña. El problema es cómo celebrarlas. No parece probable que Carles Puigdemont vaya a firmar el decreto de disolución de Parlamento antes de que el Senado apruebe el próximo viernes las duras medidas que ayer acordó el Consejo de Ministros. Ir a elecciones por su propia voluntad sería reconocer un sonoro fracaso. Los separatistas temen además que la dura realidad juegue en su contra en las urnas. No se puede seguir engañando durante tanto tiempo a tanta gente. Ahora mismo, más allá de votar una declaración formal de independencia como respuesta, no existe una estrategia compartida entre ERC, PDeCAT y CUP sobre qué hacer después. Parecen preferir que el Gobierno aplique el 155 para victimizarse, jugar a la desobediencia y a la revuelta en la calle, envolviéndose hipócritamente en la bandera del autogobierno que ellos mismos han liquidado.

La intervención completa de la autonomía catalana es la única vía posible para restaurar el orden constitucional y forzar la convocatoria de elecciones lo antes posible. Las decisiones que Mariano Rajoy dio a conocer, pactadas con PSOE y Ciudadanos, son arriesgadas pero imprescindibles. La destitución de todo el Govern es la respuesta lógica al hecho de que ya no actúa como una autoridad legítima. También lo es la limitación de la facultades del Parlamento catalán dado que ha sido un actor fundamental en toda esta crisis. Las nuevas autoridades que designe el Gobierno español asumirán el control del orden público en Cataluña, aspecto clave como ya se vio el 1-O. Igualmente deberán garantizar que el clima hacia esas nuevas elecciones sea de neutralidad institucional y respeto a la pluralidad en los medios públicos catalanes. Cuanto antes se celebren mejor, menos tiempo tendrán los gestores para equivocarse en un terreno minado.

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