El Ejecutivo aspira a impulsar 287 normas el próximo año pese a gobernar en minoría

Santamaría, tras el Consejo de Ministros. :: óscar del pozo/
Santamaría, tras el Consejo de Ministros. :: óscar del pozo

El Gobierno se impone agudizar su capacidad de pacto tras un curso de escasa actividad legislativa en el Congreso

NURIA VEGA

madrid. Pese a la falta de una mayoría sólida en el Congreso, lo que mantiene en tensión baja la actividad legislativa, el Gobierno se ha propuesto impulsar 287 normas el próximo año. El Consejo de Ministros renovó ayer el proyecto político del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero el éxito o fracaso de su planteamiento dependerá de si consigue sumar respaldos en la Cámara baja, donde el conflicto con Cataluña ha complicado las relaciones con el PNV y ha obligado a anunciar la prórroga de las cuentas del Estado.

El documento del Plan Normativo Anual define en varios apartados la hoja de ruta para los próximos doce meses en la Moncloa y los ministerios. La prioridad del Gobierno pasa por sacar adelante los Presupuestos de 2018 y 2019, porque aun siendo un objetivo de mínimos para un Ejecutivo en condiciones normales, esto garantizaría a Rajoy una legislatura prácticamente completa.

Revisión territorial

Fuentes gubernamentales no creen improbable poder conseguir lo que se presenta como una hazaña y trasladan la impresión de que las relaciones con los nacionalistas vascos no están tan dañadas como podría parecer. Eso sí, habrá que esperar hasta que se constituya el nuevo Gobierno de la Generalitat y se ponga fin a la intervención de la autonomía.

No es el único puente, en todo caso, que tendrá que tender el Ejecutivo. El acuerdo a dos bandas -con las comunidades autónomas, por un lado, y con los partidos políticos, por otro- será imprescindible para el cumplimiento del principal compromiso político para este año: la reforma el sistema de financiación autonómica. Y en este terreno, el PSOE, que gobierna solo o en coalición en ocho de los territorios del régimen común, es una pieza clave.

El desarrollo del resto de iniciativas requerirá también que el Gobierno seduzca con su proyecto a unos y otros. El plan contempla aprobar un modelo de resolución extrajudicial de conflictos en el ámbito financiero, modificar la Ley del Impuesto de Sociedades, actualizaciones en el Mercado de Valores, establecer un marco para hacer frente al cambio climático y la transición energética o, entre otras cuestiones, abordar el reglamento de la ley del voluntariado y renovar las medidas contra la violencia de género. La intención es que a finales de año se hayan aprobado nueve leyes orgánicas, 38 ordinarias y 240 reales decretos. 44 de las propuestas normativas serán fruto, en todo caso, de la transposición de directivas europeas. La magnitud de la ambición del Gobierno se mide con los resultados de 2017. Al finalizar el periodo de sesiones en junio, se habían aprobado cinco proyectos de ley en el Congreso y la oposición se había puesto de acuerdo en sacar adelante dos proposiciones. La vicepresidenta confía en que al menos «buena parte» de sus aspiraciones lleguen a buen puerto. Pero Soraya Sáenz de Santamaría reconoce que el Gobierno deberá buscar un principio de consenso con los grupos parlamentarios antes de enviar sus propuestas a las Cortes.

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