Educación investiga los permisos a escolares para acudir a protestas independentistas

El Gobierno envía cartas a los directores de institutos advirtiendo de las consecuencias penales de facilitar sus centros para la consulta

NURIA VEGA MADRID

En el marco de la respuesta integral al referéndum, Íñigo Méndez de Vigo solicitó ayer a la Alta Inspección de Educación la apertura de un expediente para investigar si los directores de algunos colegios e institutos de Cataluña están incitando a los estudiantes a participar en las protestas independentistas. El ministro portavoz trasladó así su preocupación por las informaciones que apuntan en esa dirección y rechazó que entre las labores de los docentes esté «el adoctrinamiento o coger a unos niños de poca edad y llevarlos a manifestaciones».

Las sospechas del Gobierno se fundamentan en escritos como el de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que el jueves condenó «la utilización política» de los escolares para nutrir movilizaciones frente a edificios públicos de Cataluña contra las decisiones del Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Esta asociación denunciaba en concreto una circular remitida a los padres en un instituto de Olot, Girona, que reclamaba la autorización de las familias para sumarse a las protestas. «Los últimos hechos respecto al 1 de octubre no nos han dejado indiferentes, por lo que hemos decidido organizarnos y movilizarnos desde las aulas», se planteaba en la misiva.

La posibilidad de que no sea un hecho aislado y que sea el modo de proceder en colegios e incluso en determinadas facultades, ha alertado al Gobierno. En la Moncloa inquieta el clima que se vive en las calles de Barcelona desde el miércoles, día de la operación que desmanteló buena parte de la logística para el referéndum. «¿Hasta cuándo va a seguir abusando y tensionando al pueblo de Cataluña?», preguntó ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Carles Puigdemont, a quien reprochó el «acoso masivo» a quien defiende la legalidad vigente y que se «acarreen» niños a las manifestaciones.

«Es el colmo de la vergüenza», se sumó el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que pidió a los secesionistas que «dejen de utilizar a los niños en los colegios para hacer proselitismo». La número dos del partido, María Dolores de Cospedal, reprochó, además, a Podemos que salga «a la calle a protestar porque se está aplicando la ley».

Colegios electorales

La Delegación del Gobierno en Cataluña también se dirigió ayer, en este caso por carta, a los directores de institutos catalanes para advertirles de las consecuencias de abrir sus centros educativos como locales de votación el próximo 1 de octubre. Después de que la Generalitat creara el jueves una página web donde se proporciona la dirección del colegio electoral que le corresponde a cada ciudadano, Enric Millo subraya en su misiva que con la cesión de espacios se puede incurrir en «responsabilidades penales por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación».

El delegado de Mariano Rajoy recuerda que cualquier uso social de las instalaciones de los centros educativos públicos debe ser autorizado por los directores. Y que, por lo tanto, eso conlleva la «asunción de las correspondientes responsabilidades jurídicas en caso de consentirse, por acción u omisión, cualquier actividad ilegal», como sería el caso del referéndum del 1 de octubre. En el texto se cita, en concreto, la entrega de las llaves o los códigos de acceso de los edificios a los organizadores de la consulta como actuaciones susceptibles de ser delictivas.

El contenido de la carta coincide con el de la misiva que envió el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, a interventores y secretarios generales de los ayuntamientos de Cataluña cuando la Generalitat solicitó espacios municipales para el referéndum.

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