Se duplican los ciberataques contra los operadores estratégicos españoles

M. SÁIZ-PARDO

Madrid. 2017 no solo ha sido el año en el que miles de ordenadores públicos y privados en España se vieron afectados (y sus sistemas 'secuestrados') por los malware WannaCry y NotPetya. También ha sido el año en el que los sectores estratégicos del país se han enfrentado al mayor número de ciberataques de su historia. Eso sí, los cortafuegos de la seguridad del Estado han funcionado a la hora de defender los sistemas más delicados del país.

Según informó ayer el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) gestionó y resolvió con éxito 885 ciberincidentes contra operadores estratégicos a lo largo de 2017. Se trata de una cifra que casi dobla la del año anterior, cuando Incibe se enfrentó algo menos de 500 campañas que involucraban organismos sensibles para la seguridad nacional.

El balance de este instituto -que no revela si parte de estos ciberataques estuvieron relacionados con la crisis catalana y las campañas de activistas pro referéndum para sabotear sistemas del Estado- hace hincapié en que resolvió con éxito el pasado año un total de 123.064 incidentes de seguridad, un 6,77% más que 2016. De estos capítulos, 116.642 afectaron a empresas y ciudadanos, destacó el director general de Incibe, Alberto Hernández.

De acuerdo con el recuento, Incibe estuvo también en la vanguardia de la respuesta española frente los ataques de ransomware (secuestro de datos a cambio de un rescate como WannaCry y NotPetya). Logró resolver «satisfactoriamente» 2.425 incidentes de ransomware, al tiempo que comunicó a los operadores 18.111 vulnerabilidades nuevas y emitió 491 avisos de seguridad.

23 millones

El plan de actividad de Incibe para este año contará con un presupuesto de 23 millones de euros. Sus actuaciones, según detallaron sus responsables, se focalizarán en cuatro líneas: servicios de ciberseguridad (respuesta a incidentes y concienciación); desarrollo de tecnologías para la lucha contra el ciberdelito y cibercrimen; apoyo al desarrollo de la industria; e «identificación de talento».

«La ciberseguridad es una amenaza global. No podemos trabajar de forma aislada sino de forma coordinada entre empresas y con otros países», explicó Hernandez, quien vaticinó que, sin duda, las crisis de ciberseguridad se multiplicarán en el futuro, por lo que es indispensable que España cuente con «mecanismos claros».

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