El PP descarta definitivamente aplicar el artículo 155

Hernando afirma que el Gobierno no suspenderá la autonomía catalana y que apostará por la vía judicial para frenar

R. C. MADRID.

A menos de dos meses para el 1 de octubre, los dirigentes del PP insisten en que el Gobierno no permitirá la celebración del referéndum independentista que pretende convocar para esa fecha la Generalitat. El portavoz en el Congreso, Rafael Hernando, garantizó ayer que el Estado de Derecho tiene «distintos mecanismos» para defenderse y para contrarrestar el proceso soberanista en Cataluña.

El dirigente popular anunció que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no suspenderá la autonomía catalana, descartando así la aplicación del articulo 155 de la Constitución para frenar el desafío secesionista. Según explicó Hernando, en una entrevista en Europa Press, recurrir a este artículo «en estos momentos» ya no resolvería la situación, tanto por razones de tiempo como de tipo jurídico. El portavoz parlamentario apostó por otras fórmulas, en su opinión, «más oportunas y realistas» para frenar el desafío soberanista. Así, la vía por la que el Gobierno de Mariano Rajoy apostaría sería la de movilizar al aparato judicial para que sean los tribunales los que respondan al «incumplimiento de la ley» o decidan si se cometen delitos «como el de sedición o sublevación», que, advirtió, podrían tener consecuencias penales y políticas para sus promotores.

Proceso abierto

A este respecto, Hernando remarcó los casos del expresidente de la Generalitat Artur Mas y del exconsejero Francesc Homs, condenados por la consulta del 9-N, además del proceso abierto contra la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, y los miembros de la Mesa de la Cámara.

El dirigente del PP cerró así la posibilidad de que su partido aproveche la mayoría absoluta que tiene en el Senado para obligar, a través del texto constitucional, a un gobierno autonómico al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. Sin embargo, la Carta Magna no establece cómo puede obligar el Senado a este cumplimiento y, además, este artículo 155 no se ha aplicado nunca.

Lo que sí está clara es la importancia que tiene la Cámara alta, como cámara territorial, en un procedimiento que exige que el Gobierno envíe al presidente de l Senado una propuesta con las medidas concretas que plantea y que deben ser debatidas en la Comisión General de Comunidades Autónomas, que debe pedir al presidente afectado, en este caso Carles Puigdemont, las alegaciones que considere oportunas; la propuesta fianl debería votarse en el Pleno en el que el PP cuenta con mayoría absoluta.

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