«La declaración de independencia de Cataluña no fue cosmética, fue real»

La exdiputada de la CUP Mireia Boya saluda puño en alto a su llegada ayer al Supremo. :: V. Lerena / efe/
La exdiputada de la CUP Mireia Boya saluda puño en alto a su llegada ayer al Supremo. :: V. Lerena / efe

La CUP dinamita en el Supremo la estrategia de los imputados por el 1-O al asegurar que se buscaba la proclamación efectiva de la república

M. SÁIZ-PARDO MADRID.

El frente independentista catalán tampoco es monolítico en los tribunales. La CUP, sin ningún imputado preso o huido en el extranjero por el proceso independentista, se desmarcó ayer de la estrategia de Junts per Catalunya y Esquerra para esquivar las responsabilidades penales en el Tribunal Supremo. La expresidenta del grupo de la CUP en el Parlament Mireia Boya dejó claro que la declaración de independencia del 27 de octubre en la que se proclamó la república catalana no fue «cosmética», fue, para su formación, una declaración «real».

El instructor del Supremo, Pablo Llarena, le repreguntó varias veces, sabedor de la trascendencia de sus palabras y de que su declaración dejaba en una posición jurídica muy debilitada a otros exconsjeros del Gobierno de Puigdemont y miembros de la Mesa del Parlament, como Carme Forcadell, que arguyó en los interrogatorios que aquella proclamación fue solo «simbólica» o «política» para eludir la prisión.

Pero Boya no se achantó y dejó claro, durante una hora y cuarto, que la CUP no va a salvar la cara a los dirigentes de Esquerra y de Junts per Catalunya. Así, la dirigente antisistema mantuvo que todos los que votaron a favor de la ruptura con España esperaban que aquella declaración tuviera «efectividad real» y que la república catalana se declarara a reglón seguido. Boya insistió en que votó en conciencia a favor de la ruptura porque así se lo demandaban sus bases tras el resultado a favor de la independencia del referéndum del 1 de octubre.

La exdiputada, en cambio, rechazó de manera tajante haber tenido relación con el denominado «comité estratégico», el grupo de dirigentes independentistas en la sombra, que, de acuerdo con los informes de la Guardia Civil, debía organizar y gestionar la secesión. Un grupo constituido fundamentalmente por dirigentes de ERC y de la antigua Convergència y que es la prueba de cargo que mantiene en prisión, entre otros, a Junqueras. Según la imputada, la CUP jamás habría participado en un comité secreto de este tipo porque no está en la naturaleza de la organización. También negó conocer siquiera el documento 'Enfocats', una suerte de hoja de ruta para la creación de la república.

Sin cautelares

Boya, asimismo, rechazó haber instigado las algaradas contra las fuerzas de seguridad del Estado durante el 1-O o las jornadas previas, al tiempo que acusó exclusivamente a la Guardia Civil y a la Policía de los episodios violentos. Su desvinculación del llamado 'comité estratégico' y de las algaradas facilitó, según explicaron fuentes judiciales, que la exdiputada de la CUP saliera del Supremo sin medidas cautelare. Ni cárcel ni fianza como las impuestas a otras figuras del indepentismo.

A pesar de su 'traición' a sus antiguos socios en el órdago independentista, la exdiputada fue recibida a las puertas del alto tribunal por una nutrida representación de las formaciones secesionistas, con presencia destacada de miembros de Esquerra, entre ellos el portavoz de la formación en el Congreso, Joan Tarda y las diputadas Ester Capella y Teresa Jordá o la portavoz en el Senado, Mirella Cortés. Los gritos de «no estás sola» y «ni un paso atrás» se dejaron oír a las puertas del tribunal.

Boya abrió ayer la nueva tanda de interrogatorios de la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por rebelión, sedición y malversación por los preparativos del 1-O que cuenta ya con 28 imputados. El juez amplió en un auto del pasado 22 de diciembre la investigación contra la propia Boya; la exportavoz de la CUP Ana Gabriel; el expresident Artur Mas; las dirigentes de Esquerra y del PDeCAT, Marta Rovira y Marta Pascal; y Neus Lloveras, de la Asociación de Municipios para la Independencia.

Todos ellos declararán en los próximos días como investigados ante el Supremo. Llarena, haciéndose eco de los informes de la Guardia Civil, considera que estos seis nuevos imputados tuvieron una participación «especial y destacada» en el proceso independentista.

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