La ley de la consulta sale al fin del cajón

La norma busca el amparo internacional y se basará en resoluciones de la ONU y de la Haya ratificadas por España

CRISTIAN REINO

Barcelona. El 1-O es ya conocido como el referéndum de las incógnitas, pues por tener no tiene ni urnas, una vez que fracasó el concurso impulsado por la Generalitat. Sin embargo, a poco menos de tres meses para la votación, el Gobierno catalán tratará hoy de despejar alguno de los muchos interrogantes que hay sobre la consulta y desvelará en dos actos -por la mañana y por la tarde- una parte de su hoja de ruta para celebrar el referéndum.

Tras meses de especulaciones y discrepancias entre unos y otros socios, hoy saldrá a la luz la ley que debe amparar la consulta. Para más adelante quedaría la presentación de la llamada ley de transitoriedad jurídica, que se aprobaría en caso de victoria del sí en el 1-O y que marcaría los pasos a seguir para la desconexión. La ley del referéndum llega hoy a la Cámara catalana. No en forma de proyecto de ley, porque sería impugnada al Constitucional, sino en una conferencia, en la que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras darán a conocer el borrador.

La norma toma como base el pacto sobre los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, suscrito por España, para justificar la convocatoria del referéndum unilateral. La ley tiene 34 artículos, un preámbulo y una disposición adicional y una final.

La ley del referéndum proclama la soberanía de Cataluña y fija un régimen jurídico «excepcional»

En la exposición de motivos, señala: «Los pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y ratificados por el Reino de España el 30 de abril de 1977 reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos como el primero de los derechos humanos». Y añade que la Constitución española determina que la Constitución española en su artículo 96 afirma que los tratados internacionales ratificados por España forman parte de su ordenamiento interno.

El artículo 1 «regula la celebración de un referéndum de autodeterminación vinculante, las consecuencias en función de cual sea el resultado y la creación de la sindicatura electoral de Cataluña», que sustituye a la junta electoral. En el segundo, se proclama que el «pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política», y en el tercero, se afirma que el Parlamento de Cataluña actúa como «representante de la soberanía de Cataluña». Y por tanto, establece un «régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum», que «prevalece jerárquicamente sobre todas las leyes sobre las que pueda entrar en conflicto».

La ley del referéndum se encarga de regular aspectos del referéndum sobre los que el Gobierno catalán y Junts pel Sí deberían dar algunas pistas en la conferencia de la tarde. Entre otros el censo, la participación de los ayuntamientos, la protección legal de los funcionarios, las mesas, la junta electoral, el calendario, ya que hasta ahora no se ha aprobado nada para evitar la acción de la justicia, los porcentajes de participación, la presencia de observadores internacionales, el voto exterior, el voto por correo y los colegios electorales.

Ley de transitoriedad

La hoja de ruta secesionista contempla también la ley de transitoriedad jurídica, que se aplicaría desde la celebración de la consulta hasta la proclamación de la independencia. Según el borrador adelantado por el diario 'El País', si gana el sí, la Generalitat activaría una asamblea ciudadana, con el objetivo de redactar y aprobar la Constitución de la República. La ley proclama ya esa República y se erige en «norma suprema» mientras no haya una Constitución.

Tras el proceso asambleario, el presidente de la República convocaría elecciones para elegir una asamblea constituyente para redactar una Carta Magna y someterla a referéndum. La norma especifica que ninguna de las decisiones de esa asamblea serían susceptibles de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder o tribunal.

Fotos

Vídeos