El Constitucional no resolverá sobre el 155 hasta que acabe la intervención

Soraya Sáenz de Santamaría interviene, el pasado martes, en el Senado. :: Kiko Huesca / EFE/
Soraya Sáenz de Santamaría interviene, el pasado martes, en el Senado. :: Kiko Huesca / EFE

Nueve recursos que afectan al Estado y Cataluña están congelados hasta que la Generalitat se conforme y pueda personarse

NURIA VEGA

Madrid. Las dudas sobre la constitucionalidad de la intervención de Cataluña no podrán ser resueltas hasta que el Gobierno levante el artículo 155. Es la paradoja con la que se han topado los recurrentes, Podemos y Parlamento autonómico, que cuestionaron el acuerdo del Senado y el aval que proporcionó al Consejo de Ministros para cesar a Carles Puigdemont y sus consejeros, disolver la Cámara y convocar elecciones. El Tribunal Constitucional ha congelado el procedimiento hasta que se constituya la nueva Generalitat y pueda personarse. Lo que supone que los magistrados no se pronunciarán sobre la respuesta al desafío secesionista hasta que todo haya concluido.

En el ánimo del Constitucional está el otorgar las máximas garantías. El pleno de este órgano entiende que el recurso de Podemos y el de la Mesa del Parlamento catalán contra la aplicación del artículo 155 atañen tanto al Estado como a la comunidad autónoma de Cataluña; dos partes que deben tener la opción de aportar sus argumentos, por separado, antes de que los magistrados deliberen. Y dado que a día de hoy es el Gobierno central el que ejerce las competencias de la Generalitat, el tribunal entiende que cabría la posibilidad de que se generarse «un conflicto en la defensa de los intereses» de los afectados.

Por esta razón, en la providencia del 10 enero, el Constitucional admitió a trámite la petición de Podemos y advirtió de que el plazo para que el Ejecutivo de Cataluña pudiera «personarse y formular sus alegaciones» quedaba suspendido mientras el Consejo de Ministros «ejerza las funciones y competencias que corresponden al Consejo de Gobierno de la Generalitat». Y la misma fórmula empleó el 7 de febrero al estudiar el recurso del Parlamento catalán.

Desde el 27 de octubre, el Ejecutivo ha presentado siete recursos contra leyes catalanas

En realidad, ambas iniciativas proporcionan al Tribunal Constitucional la oportunidad de fijar doctrina sobre un artículo que nunca antes había tenido que ser aplicado y sobre el que se mantuvo un encendido debate político y jurídico en las semanas previas a su activación. La sentencia que se dicte en el futuro, sentará jurisprudencia sobre el modo de aplicar el 155, el contenido de las medidas al amparo de ese precepto y los límites a respetar.

En el caso de Podemos, que fue el primero en presentar el recurso, la formación de Pablo Iglesias cuestiona que las actuaciones del Senado y del Gobierno hayan respetado el apartado 155.2 de la Constitución. Es el que faculta al Ejecutivo para «dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas», pero no, sostiene el partido, para cesar a un presidente y sus consejeros. Además, en el texto se rechaza que el artículo de la Carta Magna dé cobertura para disolver el Parlamento de Cataluña.

Una larga sombra

No es el único asunto paralizado hasta que se forme el futuro Ejecutivo catalán, el momento que determinará el fin de la intervención de la autonomía. Según aprobó el Senado el 27 de octubre, las medidas al amparo del 155 «se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat». Así que cuando el presidente de Cataluña y los consejeros tomen las riendas de los departamentos, también podrán desatascarse otros temas pendientes en el Tribunal Constitucional.

Desde el 27 de octubre, el Gobierno ha presentado siete recursos contra leyes catalanas y decisiones de la Generalitat por invasión competencial que tampoco podrán resolverse hasta que se normalice la situación política. Es el caso de la normativa sobre cambio climático en Cataluña; la que regula las asociaciones de consumidores de cannabis; la de creación de la agencia de ciberseguridad de la Generalitat; la ley de comercio, servicios y ferias; y la de medidas fiscales, administrativas y del sector público. Además, El Ejecutivo recurrió la constitución de una comisión sobre violación de derechos y el decreto ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

Esto en lo judicial, porque la sombra del 155 se extiende, sobre todo, al ámbito político. El ejemplo más evidente es de los Presupuestos Generales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, volvió a señalar este viernes la crisis catalana como causa principal de la parálisis de las negociaciones, aunque en el Gobierno y el PP confían en que puedan salir adelante.

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