El Constitucional advierte de nuevo al Govern tras suspender la ley de ruptura

El pleno suspende por unanimidad la norma que regula la transición a la república catalana, prevista si gana el 'sí' en la consulta ya suspendida

MATEO BALÍN MADRID.

Por segunda vez en menos de cinco días, el Tribunal Constitucional (TC) advirtió ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los 13 miembros de su Gobierno, entre otros altos cargos, de las posibles responsabilidades penales que conllevaría una desobediencia de las resoluciones de la corte de garantías. En concreto, si deciden iniciar o tramitar una ley que ha sido suspendida o no cumplen con su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa destinada a ignorar la citada resolución del TC.

Esta referencia llegó ayer, después de que los 12 magistrados del Constitucional admitieran a trámite el recurso del Gobierno central que suspende durante los próximos cinco meses la aplicación de ley que regula la transición a la república catalana. Una norma que fue aprobada el pasado jueves por la noche por el Parlamento catalán con los votos favorables por mayoría simple de los partidos secesionistas: Junts pel Sí y la CUP.

Tras una reunión de tres horas, el pleno de la corte de garantías también paralizó la Ley Tributaria de Cataluña, la regulación normativa de una Hacienda propia. Además de la notificación personal de la resolución a todos los miembros del Govern, el TC también se dirige a la presidenta del Parlament Carme Forcadell, a los integrantes de la Mesa que acordaron tramitar la Ley de Transitoriedad jurídica y Fundacional de la república, al letrado mayor o al secretario general de la cámara autonómica.

La notificación de esta resolución llega a los miembros de la sindicatura electoral catalana

Asimismo, también se dirige a los siete juristas que han sido designados titulares y suplentes de la llamada sindicatura electoral de Cataluña (equivalente a la Junta Electoral Central), encargada del desarrollo del referéndum del 1 de octubre, ya suspendido por el Constitucional, y a los síndicos de los territorios de Arán, Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, titulares y suplentes.

«Nulidad radical»

La corte de garantías, presidida por Juan José González Rivas, advirtió a todos ellos de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En particular, de que deben abstenerse de «iniciar tramitar, informar o dictar acuerdo alguno en orden a la ejecución de las previsiones contenidas en la ley impugnada o que promuevan o tramiten actuación y norma alguna dirigida a tal fin». Todo ello, «apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de desobediencia de dicho requerimiento».

Con respecto a la responsabilidad penal, se refiere a posibles querellas de la Fiscalía por delitos de desobediencia, prevaricación o malversación de caudales públicos, tipo penal que conllevaría penas de prisión de entre dos y ocho años. Esta circunstancia ya ocurrió tras la aprobación de la Ley del Referéndum de Autodeterminación y el decreto de convocatorio de la consulta del 1 de octubre, suspendidos por el TC y cuya tramitación fue desobedecida por el Govern, la presidenta y la Mesa del Parlament.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la admisión de una impugnación presentada por la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno central, supone la suspensión automática de una ley aprobada por las cámaras autonómicas. Ahora, la corte de garantías tendrá que nombrar a un magistrado instructor del procedimiento y dirimir en sentencia si la citada norma es inconstitucional, como todo parece indicar en el caso de la Ley de Transitoriedad catalana o también llamada ley de ruptura.

Con respecto al recurso del Gobierno contra el Código Tributario de Cataluña, aprobado el 1 de agosto pasado por el Parlament, la corte acordó también su suspensión cautelar y dio traslado al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlament, que disponen de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas.

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