El Congreso tramita la ley de igualdad LGTBI con la abstención del PP

Suprime el examen médico para que los transexuales cambien de nombre y permite a los mayores de 16 cambiar de sexo sin permiso paterno

ALFONSO TORICES MADRID.

El Congreso aprobó ayer empezar a tramitar la ley que incluye una amplia batería de medidas para lograr la igualdad efectiva del colectivo LGTBI y que pretende terminar con la discriminación en España de homosexuales, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, que suman unos cuatro millones de personas. Se trata de la norma más ambiciosa para garantizar los derechos de estos colectivos desde que hace doce años se aprobó la del matrimonio homosexual. La toma en consideración de la norma, elaborada por la federación nacional de estos colectivos y presentada en la cámara por Podemos, fue respaldada por todos los grupos de la oposición, pero la unanimidad fue imposible, pues el PP, que en junio dijo que daría su sí a la tramitación, ayer se abstuvo.

Los populares, pese a evitar el voto negativo, mostraron su «rotunda oposición» al texto presentado, también duramente descalificado por organizaciones educativas y ciudadanas conservadoras. El PP calificó el documento de «torpe», «chapucero», «peligroso» y «delirante» y anunció una enmienda a la totalidad con texto alternativo, «con otra ley antidiscriminación LGTBI».

El partido del Gobierno enumeró una larga lista de desacuerdos, pero lo que calificó de «inadmisible» es que el proyecto autorice a los transexuales mayores de 16 años a operarse para el cambio de sexo sin precisar permiso paterno y a los jóvenes en la misma situación a hormonarse desde la pubertad también sin necesitar autorización de los padres.

Podemos y PSOE afearon al PP que anunciase su sí para poder participar por primera vez en la manifestación del Orgullo LGTBI, en junio pasado, pero que ayer rompiese la unanimidad en el Congreso. Socialistas y Ciudadanos, no obstante, ya avisaron de que no están de acuerdo con algunos puntos del texto, en unos casos por razones técnicas y en otros por cuestiones de fondo, y que tratarán de modificarlos en la fase de enmiendas parciales.

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la creación de una agencia estatal independiente que, además de evaluar el grado de cumplimiento de los mandatos de la ley por las administraciones, también impondrá sanciones, de hasta 45.000 euros, a las personas u organismos que infrinjan las disposiciones de la ley o vejen o discriminen a los miembros de estos colectivos.

El texto, a lo largo de 58 páginas, adopta medidas en pos de la igualdad de las personas LGTBI en todos los ámbitos: familia, sanidad, educación, cultura, ocio, justicia y seguridad, laboral o administrativo. La proposición de ley pregona la autodeterminación a la hora de la elección de género, por lo que permite que cualquier transexual pueda cambiar su sexo y nombre en el registro sin el examen psiquiático y el tratamiento que ahora se les exige y también autoriza a las parejas de lesbianas a inscribirse como madres del hijo de una de ellas aunque no estén casadas.

El documento garantiza el derecho de todas las mujeres a someterse a las técnicas de reprodución asistida en centros públicos con independencia de su orientación sexual -algunas comunidades excluyen a lesbianas y solteras- y asegura una atención sanitaria sin discriminaciones ni trabas a los transexuales y a los transgénero. El texto también prevé cambiar los libros de texto de Primaria y de Secundaria para que recojan con normalidad la diversidad sexual, de género y familiar y autoriza a los transexuales y transgénero a utilizar en los colegios y centros públicos los aseos correspondientes al género con el que se identifican. Se recoge una formación específica a policías, jueces, maestros y sanitarios para lograr un cambio cultural respetuoso con la diversidad sexual y para potenciar la persecución de los delitos de odio y se prohíben de forma expresa las terapias para revertir la homosexualidad, con sanciones muy graves en caso de incumplimiento.

Una comisión interministerial coordinaría la ejecución de políticas públicas respetuosas con la ley y se crearía un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

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