El Congreso da un paso más para derogar la prisión permanente en un áspero debate

La oposición rechaza las enmiendas presentadas por el PP y Ciudadanos para impedir que esta figura penal sea abolida

MARÍA EUGENIA ALONSO MADRID.

El clima de conmoción social por la muerte del pequeño Gabriel Cruz condicionó ayer en el Congreso el debate más «desagradable» de la legislatura, en palabras de un ministro del Gobierno. Las razones perdieron la batalla y la discusión sobre la prisión permanente revisable degeneró en un bronco rifirrafe entre los grupos parlamentarios con continuas acusaciones cruzadas de «oportunismo» y «demagogia». Un espectáculo con momentos bochornosos que siguieron en directo los familiares de varias de las víctimas desde la tribuna de invitados.

La pugna del PP y Ciudadanos por endurecer esta figura punitiva y ampliar de ocho a trece los supuestos para su aplicación fue estéril. Las dos formaciones, que sumaron 167 apoyos, no consiguieron sacar adelante sus enmiendas a la totalidad de la propuesta presentada el pasado octubre por el PNV para derogar la prisión permanente. Toda la oposición, 178 diputados, votó en contra, y Coalición Canaria se abstuvo.

De nada sirvió que ambos socios de investidura subieran a la tribuna para defender el mantenimiento de esta figura penal parapetándose en que es «una demanda de la sociedad», que reclama protegerse de los criminales más peligrosos y con alto riesgo de reincidir. No había dudas del resultado que arrojaría la votación y la tramitación para derogar este tipo de prisión sigue ahora su curso en la comisión de Justicia, aunque tiene visos de volver a ser bloqueada.

Legislar en caliente

Ni PP, que al abrigo de su mayoría absoluta incorporó en 2015 la prisión permanente al Código Penal, ni Ciudadanos van a facilitar la derogación de un castigo tan controvertido sin que el Constitucional, donde esta recurrido desde hace tres años por seis grupos de la oposición, se haya pronunciado. Así lo dejó entrever en su intervención el portavoz naranja, Juan Carlos Girauta, que hizo varias llamadas al PSOE para que se abstuviera y evitara que el proceso siguiera en marcha. «No se puede legislar en caliente. Tampoco hay que dejar que las cosas se pudran», alegó para enumerar a continución varios casos escabrosos de violaciones y asesinatos a manos de delincuentes beneficiados por el tercer grado o con permisos carcelarios cuando los cometieron para abundar en la necesidad de endurecer los accesos a estos regímenes de semilibertad.

El portavoz popular, José Antonio Bermúdez de Castro, tomó palabras de los padres de una de las víctimas para señalar que su iniciativa no perseguía la venganza, «solo justicia», y defendió la pena de prisión permanente porque es «justa, proporcionada y similar a la que tienen otros países europeos». Instó también a los grupos de la oposición, en especial al PSOE, a esperar a que Constitucional resuelva sus dudas y frenar entretanto los trámites de derogación en el Parlamento. «No tienen que convencernos a nosotros de que la prisión revisable es populismo punitivo sino a esas familias», dijo señalando a los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés y Sandra Palo.

El diputado socialista, Juan Carlos Campo, los miró entonces. Les dijo que respetaba su dolor, pero que la ley no podía asumir la «venganza de los particulares». Advirtió al PP y a Ciudadanos de que «las víctimas no pueden ser utilizadas» y se mostró muy crítico con que el debate coincidiese con el crimen del niño Gabriel Cruz monopolizando las parrillas de televisión. «Sin prisión permanente revisable vencimos a ETA, con ella, no hemos evitado la muerte de Gabriel», aseveró Campo y disparó el voltaje político. Un debate que, en palabras de la socialista Margarita Robles, fue «una página negra del parlamentarismo».

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