El Congreso calienta motores para el debate constitucional pendiente del 21-D

Pedro Sánchez, durante la recepción oficial en el Congreso. :: efe/
Pedro Sánchez, durante la recepción oficial en el Congreso. :: efe

PAULA DE LAS HERAS MADRID.

Mariano Rajoy sigue mostrando la máxima cautela ante la idea de una reforma constitucional, pero algo se mueve. Quedó patente ayer en el discurso de Ana Pastor, durante los actos de celebración del 39º aniversario de la Carta Magna. La presidenta del Congreso, probablemente la popular más afín al jefe del Ejecutivo, podría haber obviado el asunto, pero aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje. «La necesidad de encarar nuestro futuro común -dijo- nos debe impulsar a reflexionar en profundidad para incorporar los cambios y transformaciones que nos permitan dar continuidad a nuestra historia de éxito».

No habló explícitamente de reforma constitucional pero sus palabras fueron recibidas con satisfacción por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El líder de la oposición no se cansa de repetir que el compromiso adquirido por Rajoy durante la negociación para aplicar el artículo 155 en Cataluña fue claro. Y, en una conversación informal con periodistas, durante el tradicional cóctel celebrado en la Cámara baja, aseguró que en absoluto cree que el jefe del Ejecutivo le esté «dando largas». Es más, se mostró convencido de que la subcomisión para la reforma se abrirá en septiembre de 2018.

Los socialistas no ocultan, sin embargo, que lo que ocurra en Cataluña en la jornada del 21 de diciembre y durante los días posteriores será clave. «A poco que se vuelva a la normalidad, se podrá dar un buen impulso a la comisión territorial», apuntan fuentes de la dirección. El órgano parlamentario creado a instancias de este partido para evaluar el modelo autonómico no termina de ponerse en marcha, pero la intención de su presidente, José Enrique Serrano, es que empiece a funcionar el 9 de enero, pasados los comiciosy el descanso navideño. Y el grupo socialista espera que lo haga ya con todos los partidos (de momento, se han excluido Podemos, el PNV y los independentistas).

Líneas rojas

En el PSOE no todos son tan optimistas. La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, admitió sus serias dudas de que la Constitución llegue a modificarse. Cree que quienes lo impedirán serán tanto el PP como Podemos. A su juicio, ni unos ni otros tienen auténtica «voluntad» de seguir adelante. «El verdadero problema -dice, en cambio, un veterano de su formación- es que la Constitución debe permitir que gobernemos todos y Podemos quiere una Constitución con la que no pueda gobernar el PP».

Es cierto, con todo, que los populares se mueven con pies de plomo. Rajoy accedió a crear la comisión para la evalucación del modelo territorial arrastrado por las circunstancias y lo extremo de la crisis catalana. Cuando en 2013 el entonces secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, la puso sobre la mesa, apenas le prestó atención; y eso que el que fuera presidente del Congreso, el popular Jesús Posada, dejó claro que la idea contaba con su beneplácito.

Ayer, Rajoy volvió a fijar, además, sus líneas rojas para cualquier revisión del texto del 78: el consenso, la defensa de la soberanía nacional y que cada partido explicite qué es exactamente lo que quiere reformar. Y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró que hay muchas cosas que se pueden hacer para perfeccionar el Estado de las autonomías sin necesidad de tocar la Constitución, a través del refuerzo de los foros de cooperación o de una reforma del Senado.

Las posiciones del resto de actores políticos son, por lo demás, variadas. Ni Izquierda Unida, partidario de un debate constituyente, ni los nacionalistas vascos -que exigen el reconocimiento de su tierra como nación- ni los independentistas catalanes acudieron a los actos de conmemoración en el Congreso. A diferencia del año pasado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sí estuvo pero planteó que el debate de la reforma debe ser un «debate de país» que no se puede «resolver en comisiones» sino entre toda la ciudadanía. Algunos temen que imponga un referéndum aunque los cambios que se acometan, por ejemplo en la sucesión a la Corona, no lo requieran.

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