La comisión para la reforma territorial inicia sus trabajos a medio gas

Las ausencias de Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, las reticencias de Ciudadanos y las reservas del PP lastran la iniciativa socialista

PAULA DE LAS HERAS

Madrid. Pedro Sánchez se apuntó un tanto cuando logró convencer a Mariano Rajoy de abrir una comisión parlamentaria para el estudio del modelo territorial. Su partido llevaba años repitiendo que era la mejor manera de encauzar la crisis catalana pero una y otra vez se topó con el desdén del PP. Puesta la 'pica en Flandes', corre el riesgo de que todo quede en nada.

El grupo de trabajo, concebido inicialmente como antesala de una eventual reforma constitucional, se constituye hoy en el Congreso pero lo hace con significativas ausencias. No estará Podemos, tampoco Esquerra ni el PDeCAT ni el PNV. Ciudadanos acudirá con desgana, hasta ha renunciado a tener un puesto en la Mesa que, originalmente, iba a estar presidida por un nacionalista vasco y al final lo estará por el veterano socialista José Enrique Serrano, exjefe de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

El principal partido de la oposición se niega a hablar de fracaso y se aferra a que, una vez pase la campaña electoral en Cataluña, se creará otro clima más propicio para el diálogo y todos los que ahora se muestran reticentes acabarán subiéndose al carro. Pero, más allá de que los rescoldos de la declaración unilateral de independencia, por un lado, y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, por otro, dificulten el diálogo inmediato, las posibilidades de que la comisión dé frutos en los seis meses que permanecerá abierta son escasas.

La propia actitud con la que afrontan su puesta en marcha PP y PSOE no puede ser más opuesta. Sánchez ha dejado claro que la concibe como la mejor manera de afrontar el desafío planteado por el secesionismo sin fracturar la soberanía nacional. «El problema de Cataluña -afirmó ayer en una entrevista en Cuatro- no va a desaparecer con el 155 o las elecciones, aunque puedan ser un punto de partida; sólo se resolverá si hay un nuevo modelo autonómico». Los populares, en cambio, ponen enormes 'peros' a una reforma constitucional y más si es para ampliar competencias autonómicas.

Freno de mano

«Yo nunca he sido partidario, como es sabido, de hacer reformas de la Constitución, salvo que tengamos muy claro para qué hacerlas», recordó ayer mismo Mariano Rajoy en la Cope. En su partido insisten en que están dispuestos a oír lo que otros tengan que plantear pero van con el freno de mano echado. «No veo que haya una pulsión para modificar la Carta Magna -adujo el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando-. No se arregla nada si no se tiene en cuenta que el pacto constitucional es un pacto de lealtades y lo que han hecho algunos es romperlas».

Es una posición similar a la que mantiene Ciudadanos. Su portavoz en la Cámara baja, Juan Carlos Girauta, dio por hecho que la comisión se centrará en «dirimir si se dan más privilegios o menos control a Cataluña» y no en cuestiones, a su juicio más relevantes, como la supresión de los aforamientos o la posible reforma del Senado; algo de lo que, por otro lado, también piden hablar los socialistas, partidarios de profundizar en los aspectos federales del modelo vigente. Con ese argumento, avanzó que su partido participará de los trabajos por «respeto institucional» pero «con todas las dudas del mundo».

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