Ciudadanos y Podemos se quedan solos en su intento por reformar la Fiscalía

M. E. ALONSO

madrid. Ciudadanos y Podemos volvieron ayer a sumar fuerzas en el Congreso para «desanclar» el nombramiento del fiscal general del Gobierno de turno. El partido liberal defendió que la Cámara baja tenga la última palabra en su nombramiento y cese. Se trata de uno de los 150 compromisos de su acuerdo con el PP y que este martes solo encontró acogida entre las filas moradas.

La mayoría parlamentaria dio un portazo a la medida de Ciudadanos, que se votará mañana, y arremetió duramente contra los de Albert Rivera por su «oportunismo» y por «apropiarse de los trabajos» del Pacto de Estado por la Justicia, que la formación naranja abandonó a principios de febrero. «Su actitud es de deslealtad, incoherencia e incumplimiento del pacto», recriminó a los liberales el diputado popular, Francisco Molinero.

El PSOE puso en duda la constitucionalidad de la propuesta y comparó al partido centrista con «el doctor Jekyll y míster Hide» porque, dependiendo del organismo, sea el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía, está bien o no que sus integrantes sean elegidos por el Parlamento. El PNV también criticó la posición «contradictoria» de los liberales, mientras que el PDeCAT les acusó de «no ser creíbles» y Esquerra de querer «colgarse una medalla que no les pertenece».

La iniciativa de Ciudadanos propone, además, elevar de 15 a 25 años el periodo de ejercicio profesional, ampliar de cuatro a seis años no renovables el mandato del fiscal general y que éste no tenga la última palabra en el nombramiento de la jefatura de las Fiscalías clave.

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