Ciudadanos pierde un 10% de sus cargos públicos en tan solo dos años

Desde las elecciones de 2015, el partido de Rivera ha sufrido 138 bajas por las tensiones internas y por su viraje ideológico hacia el liberalismo

M. E. ALONSO MADRID.

«Estamos en un partido que traiciona a sus principios y a sus votantes», se lamentaba estos días Juan Ramón Carrancio, hasta hace poco coordinador regional de Ciudadanos y diputado en la Asamblea de Cantabria. Carrancio y otros dos concejales de Santander decidieron dejar la formación tras denunciar el relevo impuesto «a dedo» desde Madrid en la dirección cántabra. El mismo camino tomaron una semana antes el exportavoz naranja en las Cortes valencianas, Alexis Marí, y otros tres diputados autonómicos por el abandono de los principios socialdemócratas con los que la organización alumbró sus primeros pasos en Cataluña.

Desde que en 2015 dio su salto a la arena política nacional, la formación de Albert Rivera ha visto como más de un centenar de cargos públicos han abandonado el partido, en ocasiones por saltarse las normas internas y en otras por desavenencias con la cúpula, pero que se han negado a dejar sus actas. «Son tránsfugas en toda regla», asegura el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pese a que no se han unido a otro grupo.

Según los datos facilitados por la Secretaría de Organización, el partido centrista ha perdido 132 de los 1.527 ediles que lograron el 24-M en las urnas y seis de los 93 diputados autonómicos. Casi un 10% de deserciones que ha empezado a inquietar a Rivera y a su círculo, que estudian la manera de aislar a los fugados y evitar que usen su voto en contra de Ciudadanos. Saben que sólo pueden apelar a la «ética» para pedir a sus antiguos cargos públicos que dimitan, ya que no es posible reclamar las actas por la vía legal.

Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, éstas pertenecen a los diputados y concejales, no a los partidos. Por eso, desde la cúpula insisten al Gobierno en la necesidad de reactivar el pacto antitransfuguismo, cuya comisión de seguimiento hace años que no se reúne, para adherirse a él y cauterizar la hemorragia en sus filas.

Las bajas que, según los cálculos del sector crítico, sobrepasan ya las 230 no afectan solamente a los cargos públicos de Ciudadanos. El desencanto también alcanza a los datos de afiliación. Hasta finales del año pasado el partido aseguraba que contaba con 31.000 afiliados. Pero de cara a su Asamblea General de febrero la organización depuró el censo de impagados y personas que habían solicitado la baja. A día de hoy se sitúa en torno a los 22.500. El descenso más significativo en la afiliación se produce en Cataluña, cuna del partido y epicentro de las protestas contra el viraje ideológico impulsado por Rivera. Desde enero, las bajas de militantes naranjas se cifran en cerca de 1.300.

En Ciudadanos restan importancia a la desbandada y se preparan ya para enfrentar las elecciones de 2019 con las encuestas de cara: en el último barómetro del CIS era el partido que más crecía (2,5 puntos). Unos datos que, de confirmarse, podrían abrirles las puertas de los gobiernos municipales y autonómicos.

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