Cataluña proclamará la independencia en 48 horas si gana el 'sí' en la consulta del 1 de octubre

Los secesionistas prevén aprobar una ley «suprema» para el referéndum que «prevalecerá» sobre la Constitución española

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El día de la independencia de Cataluña podría ser entre el 1 y el 3 de octubre. El día con el que los secesionistas han soñado alguna vez y que por primera vez formará parte del articulado de una ley, la del referéndum, presentada ayer por las formaciones soberanistas y que podría aprobarse a finales de agosto.

Según la norma que regula la celebración de la consulta del 1-O, en caso de que el 'sí' a la independencia se imponga en el referéndum, el Parlamento catalán tendrá un plazo máximo de 48 horas desde la proclamación definitiva de los resultados para declarar la independencia de Cataluña siempre y cuando nadie impugne el recuento de la votación, lo que está por ver, pues la ley del referéndum nacerá con el rechazo de cuatro de los seis partidos con representación en la Cámara catalana, que suman el 52% de los votos y el 46% de los escaños.

LAS CLAVES DEL 1-O

uUrnas
La Generalitat se compromete a poner urnas, pero no ha precisado dónde las comprará.
uCenso
Votarán los mayores de 18. Habrá censo oficial y los ciudadanos recibirán la tarjeta censal.
uSindicatura electoral
Hará las funciones de la junta electoral.
uMesas
Todos los ciudadanos están obligados a integrar las mesas si les toca. No se prevén multas.
uColegios
Los ayuntamientos deben facilitar los locales.
uMayorías
La ley no establece ningún porcentaje mínimo de participación. La opción que obtenga más votos será la ganadora.

En cualquier caso, los independentistas amenazan con que la votación del 1-O, si se llega a producir, sea «vinculante». Nada que ver con una mera «movilización» similar al 9-N, como apuntó el destituido Jordi Baiget, exconsejero de Empresa, o como señalan desde la oposición.

Junts pel Sí y la CUP comparecieron juntos, en la sala de conferencias de la Cámara catalana, y se presentaron como «compañeros» para estrechar lazos y disimular los reproches que se lanzan casi a diario en público y en privado. Las relaciones entre las dos formaciones son complicadas, pero se han conjurado a llegar juntos hasta el final. Buscan el todo o nada con una ley del referéndum que establece que si la opción que gana en la consulta es el no a la independencia, Carles Puigdemont deberá convocar elecciones autonómicas de manera inmediata.

Lo que la ley del referéndum no fija es ningún porcentaje mínimo de participación para que la votación sea considerada válida. Aunque el soberanismo es consciente de que solo podrá homologar el resultado de la consulta a nivel internacional, si acude al menos la mitad del electorado. La ley, que tiene 34 artículos, un preámbulo, una disposición adicional y una final, declara a Cataluña como un «sujeto político soberano» y como tal tiene derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación. Este derecho, según la ley, está reconocido por la ONU y por los tribunales de La Haya y forma parte del ordenamiento jurídico español, en tanto en cuanto son tratados internacionales suscritos por el Estado español.

Junta electoral

Los secesionistas afirman que la ley será «suprema» y «prevalecerá» sobre cualquier otra ley con la que entre en conflicto, pero por si acaso Junts pel Sí y la CUP evitan iniciar los trámites parlamentarios para su aprobación para esquivar la suspensión del Constitucional.

Uno de los puntos clave de la norma es la parte que crea la sindicatura electoral, que deberá hacer las funciones de la junta electoral. Estará integrada por cinco miembros que serán elegidos por mayoría absoluta por la Cámara catalana. Se encargará de velar por la transparencia, la neutralidad, el pluralismo de los medios y certificará los resultados del referéndum.

Gestionará además un censo oficial que le facilitará el Ejecutivo catalán, realizará el sorteo de los miembros de las mesas y acreditará un equipo de observadores internacionales. La ley señala además que todas las autoridades públicas tendrán la obligación de colaborar con el proceso, en concreto los ayuntamientos, que deberán poner a disposición los colegios electorales. En caso contario, lo hará la Generalitat.

Junts pel Sí y la CUP presentaron la parte legislativa del referéndum en sendos actos, uno en la Cámara catalana, ante los diputados, y otro en el Teatro Nacional, ante políticos, entidades sociales y público en general. En este último, Puigdemont aseguró que el 1-O se votará, se comprometió a aplicar el resultado y dijo que no habrá choque de trenes, pues uno quedará en vía muerta. A ninguno de los dos actos asistieron los grupos de la oposición, Cs, PSC, Catalunya sí que es Pot y el PP. Todos ellos cargaron contra la ley. El PP habló de «golpe de Estado»

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