Catalá descarta cambios en la política penitenciaria

El PP vasco garantiza que el fin de la dispersión de los presos de ETA no forma parte de las negociaciones con el PNV

R. C.

madrid. Ni el desarme de ETA el pasado mes de abril ni la decisión del colectivo de presos de respaldar a aquellos reclusos que deseen acogerse a beneficios penitenciarios, ha variado la posición del Gobierno. El ministro de Justicia descartó ayer que el Ejecutivo de Mariano Rajoy contemple la posibilidad de introducir cambios encaminados a acabar con la dispersión de los internos de la banda en las cárceles españolas. «De ninguna manera», zanjó Rafael Catalá.

En la Moncloa no son partidarios de dar ningún paso mientras la organización terrorista no haya desaparecido de forma definitiva. El Gobierno sostiene que la medida de alejamiento de los presos responde no tanto a la política penitenciaria como a la estrategia antiterrorista, que dejará de tener sentido, argumenta, el mismo día en el que ETA ponga fin a su historia. «Tiene todavía por delante un camino de disolución, de entrega de las armas y de reconocimiento del daño causado», defendió este lunes el titular de Justicia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. «No me parece que sea el momento de hablar en absoluto del cambio de la política penitenciaria», añadió tras recordar la necesidad de que se pida «perdón» a las víctimas del terrorismo.

Pese a que el Gobierno vasco entiende que es el momento de abrir una reflexión, este asunto no forma parte de las conversaciones entre el Ejecutivo central y el PNV. «La política penitenciaria no es objeto de negociación», negó ayer el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, tras el homenaje a Miguel Ángel Blanco en la sede de los populares.

La semana pasada, los nacionalistas vascos también desligaron sus contactos con el Gobierno del debate sobre los presos. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, garantizó que no tener intención de deslizar ninguna reclamación en las negociaciones de los Presupuestos de 2018, aunque recordó al Ejecutivo que «los tiempos de los asesinatos de ETA» ya pasaron.

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