Catalá ve una «demanda social» prohibir los indultos a los condenados por sedición y rebelión

El ministro de Justicia, Rafael Catalá./EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá. / EFE

«El PP ha considerado oportuno en este momento presentar una propuesta para que quede claro que no se concederán indultos por delitos tan graves como estos y otros cuantos, como de corrupción", considera el ministro de Justicia

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha considerado este miércoles "oportuno" abrir el "debate social" de que los condenados por delitos por rebelión o sedición no puedan ser indultados y ha recalcado que la propuesta del PP sobre este asunto es algo que "la sociedad está demandando".

Los populares presentaron este martes una enmienda al proyecto de ley que promovió el PSOE, y tomado en consideración por el Congreso en febrero del año pasado, para impedir que se concedan indultos a los condenados por corrupción y malos tratos.

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En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, Catalá ha afirmado que su partido ha presentado la propuesta porque en este momento se están enjuiciando en el Tribunal Supremo "delitos muy graves", como sedición y rebelión de los dirigentes independentistas.

"El PP ha considerado oportuno en este momento presentar una propuesta para que quede claro que no se concederán indultos por delitos tan graves como estos y otros cuantos, como de corrupción", ha añadido.

Catalá ha señalado que la cuestión que preocupa a la sociedad está en "la conveniencia de que se concedan muy pocos indultos" y eso es algo, ha dicho, que el Gobierno está haciendo "en la práctica".

"Ahora hemos querido, mediante una proposición, poner encima de la mesa este debate", ha subrayado para reiterar que "el PP no estará nunca a favor de conceder indultos" por este tipo de delitos.

Preguntado por si la propuesta del PP cuenta con el apoyo de algún otro grupo parlamentario, el ministro de Justicia ha avanzado que trabajarán para "buscar consenso" porque "la aritmética parlamentaria requiere de mayorías".

"Tenemos la fuerza moral de poder decir que queremos que la legislación se adecúe a la verdadera demanda social en este momento", ha concluido.

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