Casals reprocha al fiscal que le esté «persiguiendo» al concluir su declaración

El presidente de La Razón responde al juez sobre unas facturas publicitarias en la causa por un presunto fraude de subvenciones

R. C.

madrid. El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia Corporación, Mauricio Casals, declaró ayer como investigado en la Audiencia Nacional. Encausado en un procedimiento que trata de aclarar un presunto fraude en las subvenciones públicas percibidas por la empresa tecnológica Zed, Casals está acusado de usar su influencia política para mediar en favor de esta compañía, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción.

Al concluir ayer su declaración ante el juez Manuel García Castellón, el empresario abordó al fiscal José Grinda y le dijo, en un tono distendido, que por qué le estaba investigando: «A ver si nos vemos un día, me han dicho que usted me persigue». Grinda le contestó que él, como fiscal, persigue a los que hacen «cosas malas», según pudieron escuchar abogados presentes en la sala. A esto Casals respondió que mucha gente hace cosas malas y el fiscal le aclaró que se refería a «cosas delictivas» y que también le habían dicho que «usted (por Casals) me persigue».

Esta conversación, aunque en tono relajado, no es habitual en una declaración donde predomina el formalismo entre las partes, más si se trata de un juez o fiscal. Y en el caso de Casals, el colofón lo puso el propio acusador público al sugerirle que si quería una reunión con él la solicitase a través de su abogado por el conducto habitual.

Con respecto a su declaración, el consejero de Atresmedia relató a la salida del juzgado que sólo le preguntaron por presuntas discrepancias en algunas facturas sobre contratos de publicidad, ya que se trataba de cifras sospechosamente redondas, pero «nada» sobre las subvenciones recibidas por Zed.

También comparecieron como investigados el fundador de la empresa, Javier Pérez Dolset, detenido en junio junto a siete personas por un presunto fraude de subvenciones que ocasionó un perjuicio patrimonial de más de 100 millones, varios miembros de su familia, dos empleados y el abogado británico Peter Wakkie.

La investigación, que abarca también delitos de falsedad en documento mercantil y administración desleal, tuvo su origen en la denuncia de Pérez Dolset contra sus socios rusos, Engibaryan, Gorbuntsov y Turovetsky, quienes, según él, querían sacar de Zed a los inversores españoles.

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