La carta del presidente de la Generalitat mezcla medias verdades y datos falsos

Recuento de votos el 1-O en un instituto de Tarragona. :: Jaume Sellart / efe/
Recuento de votos el 1-O en un instituto de Tarragona. :: Jaume Sellart / efe

Responde con tres días de retraso que no hubo declaración de independencia, un asunto sobre el que no se le había preguntado

RAMÓN GORRIARÁN

madrid. Los seis párrafos de la carta de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en respuesta a su requerimiento son un ejercicio de funambulismo epistolar para que parezca lo que no es, la contestación de un gobernante a otro en pie de igualdad. Cuando la realidad, sin entrar en valoraciones políticas, es que el presidente de la Generalitat está fuera de la ley por convocar un referéndum ilegal al amparo de una ley anulada que fue aprobada en el Parlamento de Cataluña con un procedimiento irregular. Y además tiene abierta una investigación en el Tribunbal Superior de Cataluña por prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Pero al margen de esta notable circunstancia, su carta es un cúmulo de datos inciertos y medias verdades. Para empezar, contesta en la última línea que no hubo «declaración formal de independencia» porque no se votó el 10 de octubre. Esa era la respuesta demandada para el lunes pasado, no para ayer. En esta ocasión el requerimiento era para conocer sus planes sobre una vuelta a la legalidad. Si esa respuesta clara se hubiera incluido en su escrito de hace cuatro días es posible que la situación actual fuera otra.

El presidente catalán comienza su misiva con el recordatorio de que «el pueblo de Cataluña, el 1 de octubre, decidió la independencia» en un referéndum, y lo hizo, según Puigdemont, con un porcentaje superior al que ha permitido al Reino Unido iniciar el 'brexit'. ¿Porcentaje de qué? Porque si se refiere a participación, que sería lo razonable, es falso ya que en Cataluña votó, de acuerdo a los incontrastados baremos de la Generalitat, el 43% del censo mientras que en la votación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea acudió a las urnas el 71%. Si alude a los votos favorables, el 'brexit' fue avalado por el 52% de los británicos tras un recuento que cumplió con todos los cánones. La secesión de Cataluña fue respaldada por un abrumador 90% de acuerdo a un escrutinio que no tuvo la menor garantía.

Dice que la participación en el 'brexit' fue inferior que el 1-O, cuando fue casi 30 puntos superior

Los observadores

Tal fue el descontrol que los propios observadores internacionales invitados por el Gobierno catalán para dar a la consulta una pátina de seriedad ante el mundo concluyeron que no cumplía los estándares exigibles por la falta de un censo, la nula imparcialidad de la organización y las abultadas irregularidades en la votación.

En el segundo párrafo, señala que él mismo propuso dejar en suspenso los efectos de esa votación el 10 de octubre. Es difícil suspender una declaración retórica sin soporte jurídico, o ¿acaso se votó en el Parlament la suspensión de la declaración de independencia para que tuviera valor legal? No se votó nada. Puigdemont así lo reconoce de su puño y letra en la última línea cuando dice sin rodeos que «no se votó».

También asegura en su carta que tanto él como Rajoy han recibido peticiones de «toda Europa y el resto del mundo» para que dialoguen. Todos los gobernantes de otros países y líderes de organismos internacionales que han hablado sobre el asunto lo han limitado a un asunto interno de España. No ha habido, que se sepa, ofertas serias de intermediación; la Unión Europea ha repetido hasta el hartazgo que está del lado de su socio; y el reconocimiento internacional de la república catalana ha cosechado cero apoyos, solo Venezuela ha amagado con un espaldarazo.

Se queja asimismo de que tampoco ha sido atendida su petición de que el Gobierno ponga punto final a «la represión», y cita como ejemplo el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cruixart. Una visión con escasa concepción democrática de la división de poderes que rige un Estado de Derecho porque lleva implícita que el ingreso en prisión de los líderes de ANC y Omnium ha sido fruto de la voluntad gubernamental y no del criterio de un juez, que apreció serios indicios de la comisión de un delito de sedición por parte de los dos acusados.

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