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M. BALÍN
MADRID.
Martes, 16 de enero 2018, 00:55
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La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro declaró ayer en el Tribunal Supremo como investigada en el 'caso Púnica', la «gigantesca» red de tráfico de influencias que afecta a administraciones de varias comunidades y que provocó la dimisión del expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Durante una hora y media, la aforada trató de justificar ante la juez instructora de la causa, Ana María Ferrer, que los contratos de reputación online que iban a realizar empresas de Alejandro de Pedro, presunto conseguidor de la trama, fueron lícitos y su coste lo iba a abonar el PP murciano. En ningún caso, declaró, pretendió cargárselo al Ayuntamiento de Cartagena o a la Consejería de Educación, como sospechan los investigadores.
El abogado de la senadora, José Pardo, aseguró al término del interrogatorio que «se contrató una publicidad que se hizo y se pagó», en relación con los anuncios abonados por Barreiro en un diario digital de De Pedro. Sobre el contrato para mejorar la reputación de la entonces alcaldesa de Cartagena y diputada, dijo que «no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no hay ningún delito en nada».
Pardo afirmó que su cliente se encuentra en la misma situación que hace dos años, cuando el Supremo archivó la causa abierta contra ella por supuesta vulneración de la legislación medioambiental en la construcción de la urbanización Nova Carthago en Cartagena, otro de los casos de corrupción que afecta a Murcia. «A mi cliente la crucificaron los medios y al final el Supremo con muy buen criterio archivó el tema, y ahora es exactamente lo mismo», dijo.
Para el abogado, la petición de Ciudadanos de solicitar la dimisión de Barreiro como requisito para que este partido apoye los Presupuestos Generales del Estado es «una locura», y que lo mismo ocurrió con el caso de 'Nova Carthago' y después «no dijeron nada».
Sobre las declaraciones de Barreiro, el abogado subrayó que la senadora explicó que su conducta «fue totalmente atípica y que no hay delito alguno diga lo que diga la UCO» de la Guardia Civil, que ejerce las veces de Policía Judicial en la causa.
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