El Banco de España obvió la operación mercantil de 'Púnica' en la quiebra de la caja manchega

El expresidente de la Caja de Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, en el juicio./Efe
El expresidente de la Caja de Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, en el juicio. / Efe

La intervención rechazó la responsabilidad del área industrial de la entidad, que participó en la fusión de Obrum y dejó 425 millones de deuda

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La inspección del Banco de España elaboró un informe en mayo de 2009, dos mes después del rescate de Caja Castilla-La Mancha (CCM) por 2.475 millones de euros, en el que centraba la responsabilidad de la quiebra de la entidad en su área bancaria. En concreto, en el presidente Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado nacional del PSOE, y en el director general Ildefonso Ortega.

Ambos altos cargos acabarían siendo condenados en febrero de 2016 por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por un delito de falsedad contable. La razón, encubrir las pérdidas millonarias de la entidad financiera en 2008, aunque fueron absueltos por el delito de administración fraudulenta que hubiera conllevado fuertes multas económicas.

Este informe clave en el procedimiento judicial fue elaborado por las inspectoras del Banco de España Lucinda Claver y María Ortega. El documento aseguraba que Hernández Moltó se extralimitó en sus funciones al realizar tareas ejecutivas, pese a que no tenía poderes para ello. Le atribuyó la competencia en las inversiones fallidas de la caja, donde una veintena de empresarios, en su mayoría constructores, tenía comprometido el 70% de los activos. Asimismo, insinuó que podría haber actuado así por intereses personales con estos deudores.

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Tres grupos familiares acumulaban créditos con CCM por valor de 459 millones y el 82% de los titulares con créditos de más de 16 millones estaban relacionados con el negocio de la construcción. La dependencia, por lo tanto, en este sector de riesgo en plena burbuja inmobiliaria fue determinante para que quebrara la primera caja de ahorros del país, que fue intervenida y nacionalizada.

Un segundo informe, aireado por dos diarios de tirada nacional, reiteró la atribución del área bancaria de CCM en la quiebra, pero obvió cualquier referencia al área industrial de la caja manchega. Ello pese a que su corporación, de la que formó parte en este periodo final el empresario Ignacio López del Hierro (2007-2009), era la responsable de gestionar la participación accionarial de CCM en diferentes empresas.

Este fue el caso de DHO Grupo Corporativo SL. Una sociedad surgida en julio de 2007 de la fusión de Obrum, la constructora de David Marjaliza, cerebro de la trama 'Púnica' e investigada por la presunta entrega de comisiones a cargos públicos de la Comunidad de Madrid, con Dico Obras y Harinsa Ambiental.

Denuncia de Manos Limpias

En DHO la caja manchega llegó a tener el 13% de las acciones tras invertir, además, decenas de millones de euros en préstamos o créditos. Pero en menos de dos años esta compañía se declaró en concurso de acreedores con una deuda total de 425 millones. La caída de esta mercantil fue el detonante del rescate de la caja de ahorros solo un mes después.

Pese a esta operación tan desastrosa, las inspectoras del Banco de España no consideraron que los consejeros del área industrial tuvieran responsabilidad alguna. Ni Ignacio López del Hierro ni sus compañeros en la Corporación Industrial de CCM fueron investigados en la Audiencia Nacional.

Tampoco el sindicato Manos Limpias, en su denuncia de abril de 2009 o en su querella de julio de 2012, firmada por la abogada Virginia López Negrete, apuntó a este grupo. Pese a que participaron en el ruinoso aeropuerto de Ciudad Real (337 millones en acciones y préstamos), el proyecto del Reino de Don Quijote (200 millones) o en la fallida fusión de la constructora de Marjaliza. Al entrar en concurso DHO, en enero de 2009, arrastró a la quiebra a otras inversiones y produjo una fuga de capitales en cadena que llevó a la intervención del Banco de España a finales de marzo de ese año.

En línea con la inspección estatal, Manos Limpias solo incriminó a altos cargos del área bancaria y al Consejo de Administración de CCM. Precisamente, una de las inspectoras del Banco de España autora del informe es Lucinda Claver, cuñada del abogado Ernesto Díaz-Bastién, defensor habitual del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Este experto en 'gestión de crisis' está en prisión preventiva imputado por organización criminal y blanqueo de capitales en la operación 'Tándem'.

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