La Audiencia de Palma le entrega hoy al exduque el «mandamiento de prisión»

La magistrada Samantha Romero, presidenta del tribunal que juzgó Nóos. :: j. GRAPPELLI / efe/
La magistrada Samantha Romero, presidenta del tribunal que juzgó Nóos. :: j. GRAPPELLI / efe

La última opción remota de Urdangarin para evitar su ingreso en la cárcel es que el Constitucional paralice la ejecución de sentencia tras un recurso

MELCHOR SÁIZ-PARDO

madrid. El exduque de Palma vuelve hoy a Mallorca, un año, once meses y 20 días después de pisar la isla por última vez. Fue el 22 de junio. Aquel día, el tribunal que presidía Samantha Romero declaró el 'caso Nóos' visto para sentencia. Ese mismo tribunal, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, ha citado para hoy -entre las 9 y las 14 horas- a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas para entregarles en mano el «mandamiento de prisión», una vez que el Supremo ha convertido en firmes sus penas.

La decisión del tribunal de notificar directamente las prisiones acerca, todavía más, a Urdangarin a la cárcel, ya que la sala ha descartado realizar una vistilla previa para decidir sobre el ingreso en prisión de los acusados e ir directamente a la ejecución de sentencia. Según fuentes judiciales, es muy probable que el tribunal dé un plazo de días (habitualmente son unos diez) para que el reo decida presentarse voluntariamente en una prisión de su elección. Ese margen temporal y la no obligación del preso de comunicar previamente la cárcel en la que va a ingresar darán cierto margen al marido de Cristina de Borbón para intentar entrar en prisión de la manera más discreta posible.

Tras el anuncio de que este miércoles el tribunal le entregará el «mandamiento de prisión» al cuñado de Felipe VI le quedan muy pocas opciones para esquivar su inmediata entrada en la cárcel. La más habitual es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales y, en tanto, pedir que la corte paralice de forma cautelar su ingreso en prisión.

El Constitucional solo en contadísimos casos y con condenas muy leves ha pospuesto la cárcel

El artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional deja claro que, de forma general, «la interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del acto o sentencia impugnados». No obstante, este mismo precepto abre la puerta a «la suspensión, total o parcial» de los efectos de «la sentencia impugnada» cuando la ejecución de la condena «produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su finalidad». No obstante, esta posibilidad es remota, ya que la corte no suele paralizar los ingresos en prisión de personas condenadas a más de cinco años (Urdangarin lo ha sido a cinco años y diez meses) y solo hace uso de esta prerrogativa para casos muy excepcionales o por motivos humanitarios.

El precedente más directo y cercano es el del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como 'Valtonyc', actualmente fugado en Bélgica. El pasado mayo el Constitucional le denegó el recurso de amparo (y la consiguiente paralización de su entrada en prisión) después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de tres años y medio de prisión (bastante inferior a la de Urdangarin) por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona.

Indulto

La otra opción para intentar esquivar la cárcel en el último momento es aun más remota y pasa porque el expresidente de Nóos anuncie su intención de pedir el indulto al Gobierno de Pedro Sánchez. La patata caliente en este caso pasaría de nuevo a la Audiencia Provincial de Palma, que es la que, según recoge el artículo 4 del Código Penal, sería la que debería decidir si suspende la ejecución de la pena, en tanto se resuelve la petición de gracia.

Según las fuentes consultadas, es «harto improbable» que el tribunal de Romero paralice la entrada en prisión por una petición de indulto cuyo resultado es más que incierto. No obstante, recuerdan estas mismas fuentes, fue esa misma sala la que permitió a Urdangarin seguir residiendo en Suiza cuando en febrero del año pasado fue condenado en primera instancia a seis años y tres meses de prisión.

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