El artículo 155: una intervención del Gobierno repleta de incógnitas

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.

La ambigüedad en la redacción del artículo 155 arroja muchas dudas sobre el margen de maniobra del Gobierno en caso de intervenir la autonomía

Ander Azpiroz
ANDER AZPIROZMadrid

La posibilidad de que el Parlament declare la independencia de forma unilateral acerca también la intervención de Cataluña por parte del Gobierno a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Según establece la Carta Magna, si una comunidad autónoma no cumple con sus obligaciones constitucionales, el Gobierno podrá enviar un requerimiento al presidente regional para revertir la situación. En el caso de no ser éste atendido, el siguiente paso será acudir al Senado con una batería de medidas a aplicar. Si allí obtiene el respaldo de la mayoría absoluta, y el PP cuenta con ella, el Ejecutivo podrá adoptar sus propuestas para obligar a cumplir la legalidad. Este es un escenario inédito que presenta importantes incógnitas.

¿La declaración unilateral de independencia tendría algún tipo de efecto legal de cara a aplicar el artículo 155?

Nada justifica más la intervención de una autonomía que su declaración de independencia, la forma más grave de romper con el orden constitucional. No obstante, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Oriol Bartomeus recuerda que el independentismo ya está fuera de la legalidad desde la aprobación de las leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre. Bartomeus aventura la situación que se dará si se cumplen los peores pronósticos. Por un lado, la Generalitat no hará caso de los requerimientos del Gobierno ni aplicará sus medidas al considerarse fuera del marco constitucional. Por el otro, el Ejecutivo no dará validez alguna a la secesión y exigirá tomar el mando. En este escenario, sostiene este politólogo, el resultado de la pugna «dependerá de la fuerza de la Generalitat para evitar la aplicación del 155». Y «no tiene la suficiente» por lo que Cataluña acabará intervenida por Estado, concluye Bartomeus.

¿Qué papel pasaría a desempeñar Carles Puigdemont en caso de la aplicación del artículo 155?

Dependerá de las medidas de intervención que proponga el Gobierno y apruebe el Senado. En cualquier caso, «quedan pocas dudas de que será el Gobierno central el que pase a dirigir la Generalitat», avanza José Antonio Montilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Bartomeus considera que sería muy extraño que el Ejecutivo de Mariano Rajoy permitiera a Puigdemont la más mínima capacidad de movimiento. Es más, no descarta que la Fiscalía quiera solicitar su detención.

¿Y cómo afectaría al Parlament?

La Cámara catalana, donde los independentistas han usado el rodillo para aprobar sus leyes de desconexión, mantendrá sus funciones y se convertirá así en el gran bastión secesionista.

¿Podría el Gobierno central disolver el Parlament y convocar elecciones autonómicas?

Se transita por un terreno desconocido y los constitucionalistas dudan de que el Gobierno tenga potestad para disolver el Parlament. Montilla destaca que las medidas que proponga el Gobierno deben estar destinadas a recuperar la normalidad y, en su opinión, una contienda electoral no parece la mejor forma de hacerlo. Ante esta posibilidad cobran especial relevancia las consecuencias políticas. Bartomeus valora que sería un grave error del Ejecutivo convocar elecciones con los incidentes del 1-O aún recientes, la autonomía intervenida y los dirigentes secesionistas cercados por los tribunales. Su pronóstico es que el independentismo obtendría una amplia mayoría.

¿Con el 155 asumiría Interior el control de los Mossos?

Es posible. Todas las medidas que quiera aplicar el Gobierno central en Cataluña deben estar destinadas a recuperar el orden constitucional y preservar el interés general, explica el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Miguel Azpitarte. Asumir el mando de los Mossos encajaría con estos requisitos, máxime si no ofrecen colaboración o cumplen las instrucciones.

¿Podría el Gobierno cesar y nombrar a altos cargos de la Generalitat?

De nuevo entra en juego la recuperación del orden constitucional. Si hay funcionarios que impiden alcanzar este objetivo, «no parece fuera de lugar que fuesen relevados», señala Azpitarte.

¿Afecta en algo la aplicación del artículo 155 a las Fuerzas Armadas?

Absolutamente en nada.

¿Se puede declarar ilegal a un partido político por no respetar la Constitución?

La ley de partidos establece una serie de supuestos para la ilegalización fuerzas políticas. No obstante, la doctrina del Tribunal Constitucional vincula la ilegalización a la utilización de la violencia.

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