Aplazados los presupuestos ante la falta de apoyos por la crisis catalana

Montoro confía en tener los votos para aprobar las cuentas cuando pase el conflicto, aunque sea a principios de 2018 tras prorrogar las actuales

J. M. CAMARERO

madrid. El proyecto de presupuestos generales del Estado de 2018 también se verá afectado por la crisis territorial que se vive en Cataluña con el referéndum del 1 de octubre a la vista, al menos en cuanto a los plazos para presentarlo, tramitarlo y definitivamente aprobarlo en las Cortes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que su departamento no llevará las cuentas públicas del próximo año al Consejo de Ministros de esta semana. Lo hace después de modificar sus propias previsiones, ya que la semana pasada anunció un retraso de siete días para presentarlo ante el Gobierno, aunque finalmente ha quedado paralizado.

El retraso llega, de nuevo, por la falta de apoyos parlamentarios. Porque aunque el proyecto cuenta con el respaldo del PP y de Ciudadadanos, aún no tiene el 'sí' de los cinco diputados del PNV en el Congreso, claves para sacar adelante la ley. Y los nacionalistas vascos no parecen moverse, por el momento, hasta que escampe la crisis en Cataluña. «Sabemos la situación que estamos viviendo y las condicionalidades que supone esta situación para cada grupo parlamentario», reconoció el ministro. «Cuando todo esto se supere, tendremos los presupuestos para 2018», afirmó en referencia al conflicto que acapara estos días toda la preocupación del Ejecutivo.

El retraso 'sine die' de las cuentas públicas supone alterar el artículo de la Constitución que obliga a que los presupuestos se presenten en las Cortes tres meses antes de que venzan los que están en vigor, esto es, como máximo el 30 de septiembre de cada año. Si no se hace así, el Gobierno corre el riesgo de que el trámite parlamentario -aunque su tratamiento tiene carácter preferente, deben ser aprobados por el Congreso, ir al Senado y ser ratificados en la Cámara baja tras superar las comparecencias, enmiendas y votaciones correspondientes- se prolongue más allá del 31 de diciembre y los presupuestos de 2017 se vean abocados a la prórroga automática a partir del 1 de enero. Montoro no solo no descarta esta posibilidad sino que cuenta con que sea la circunstancia más factible. «Confiamos en que estén aprobados a comienzos del 2018», anticipó ayer.

Si así sucede, durante las primeras semanas -o meses- del próximo ejercicio, estarían en vigor los actuales presupuestos hasta que los del próximo año sean aprobados. En cualquier caso, «entrarán en vigor con carácter retroactivo», apuntó el ministro, para recordar que «no se produce ningún vacío» legal.

Un retraso con precedentes

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya reconocía ayer que el proceso de negociación estaba «distorsionado» por el referéndum y que podría haber un debate exclusivo sobre las cuentas públicas tras el 1-O. El Gobierno cuenta con que podría adentrarse hasta tres semanas de octubre para presentarlos sin correr el riesgo de llegar a final de año sin las cuentas aprobadas.

No sería la primera vez que un Gobierno posterga la presentación del proyecto más importante del año más allá del 30 de septiembre en democracia. Así ocurrió con las cuentas de 1985, que llegaron a las Cortes el 10 de octubre de 1984. El retraso, de carácter «leve» -apenas diez días con respecto a la norma-, según varios informes jurídicos, no suponía una alteración de la Constitución, siempre que estuvieran en vigor a finales del ejercicio.

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