Anticorrupción apunta contra Puigdemont en su etapa como alcalde

CRISTIAN REINO BARCELONA.

Los problemas judiciales se le acumulan a Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat, procesado por rebelión y malversación por los hechos de octubre pasado que acabaron en la declaración unilateral de independencia, podría verse implicado en un nuevo caso, en esta ocasión de corrupción, durante su época como alcalde de Girona, entre 2011 y 2016. La Fiscalía apuntó ayer directamente contra el expresidente catalán por un delito de malversación de fondos públicos o de apropiación indebida. Las presuntas irregularidades se remontan a 2014. Ese año, el Ayuntamiento de Girona aprobó en un polémico pleno municipal la adquisición del fondo artístico del crítico e historiador Rafael Santos Torroella, que incluía una colección de arte de unas 1.200 obras, entre otras de Picasso, Dalí, Miró o Tapies. La operación rondaba los cuatro millones de euros y la Fiscalía Anticorrupción sospecha que el Ayuntamiento de Girona empleó fondos para cerrarla procedentes de la empresa adjudicataria del servicio de aguas de la ciudad gerundense y su comarca, Agissa. Con el objetivo de buscar pruebas en este sentido, el fiscal Anticorrupción, José Grinda, lideró ayer una operación policial llevada a cabo en los ayuntamientos de Girona, Sarrià de Ter y Salt, los tres municipios que forman parte del consorcio de la compañía de aguas, de titularidad mixta público-privada. Agentes de la Guardia Civil se personaron en los tres consistorios para realizar requerimientos de documentación.

El caso no solo salpica al expresidente catalán, sino también al actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, que fue alcalde de Sarrià de Ter durante la época investigada. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) descartaron que de momento Puigdemont haya pasado a tener la condición de investigado, pero todo dependerá de la documentación recabada por la Guardia Civil en sus registros. La compra de las obras de arte forma parte de un caso más amplio y que el juzgado de instrucción número 2 de Girona investiga desde 2015, a raíz de una denuncia de la CUP contra directivos de la concesionaria del agua.

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