Anna Gabriel pedirá asilo político en Suiza si el Tribunal Supremo reclama su extradición

La exdiputada de la CUP alega que no tendrá «un juicio justo» para no acudir hoy a la citación del juez Llarena

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Suiza no concede extradiciones por razones políticas y Anna Gabriel pedirá asilo político si España reclama su entrega. Esa es la estrategia de la exdiputada de la CUP para eludir al Tribunal Supremo, donde está convencida de que no tendría «un juicio justo». Gabriel no se presentará hoy ante el juez Pablo Llarena, y el instructor dictará con toda probabilidad una orden de captura en territorio nacional, y está por ver qué medidas toma respecto a la presencia de la dirigente anticapitalista en Ginebra.

La exdiputada de la CUP se ha convertido en el sexto prófugo de la justicia en la causa abierta en el Supremo por el proceso soberanista. Su fuga hay que sumarla a la de Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica. Gabriel explicó ayer en sendas entrevistas con la radio televisión suiza y en el diario Le Temps que pone su futuro en manos de las autoridades helvéticas: «Suiza decidirá qué hace conmigo». Está convencida, tras escuchar a sus abogados, que una extradición sería «ilegal» porque «no hay base» para demostrar que ha cometido el delito de rebelión o el de sedición, que además no están recogidos en la legislación suiza. En cambio, remarcó, su equipo jurídico tiene argumentos suficientes para sostener que es víctima de «una persecución política».

Un portavoz del Departamento de Justicia de Suiza confirmó ayer que su país «no autoriza ninguna extradición ni ninguna ayuda jurídica por delitos políticos», y Gabriel, dijo, está acusada de «delitos políticos». El tratado de extradición suscrito por España y Suiza a finales del siglo XIX exceptúa de las entregas recíprocas al individuo «perseguido o castigado por un delito político anterior a la extradición ni por ningún hecho que tenga conexión con un delito semejante». En lo que va de siglo, Suiza ha entregado a España media docena de personas acusadas de delitos de terrorismo (tanto yihadista como de ETA) y de homicidios.

Las relaciones, además, entre las administraciones de justicia de los dos países no son las mejores. Existe colaboración, admiten en la Audiencia Nacional, con las investigaciones de blanqueo de dinero, por ejemplo en el caso del extesorero del PP o las tramas 'Gürtel' y 'Púnica', pero la negativa de España a entregar hace cinco años al ingeniero Hervé Falciani, acusado en Suiza de espionaje financiero y violación del secreto bancario, deterioró los vínculos. El Gobierno de Rajoy negó la extradición por la colaboración prestada a la Audiencia Nacional por el informático del banco HSBC de Ginebra, que se apropió de los datos de 130.000 clientes. España argumentó que los delitos que se imputaban en Suiza a Falciani no se recogen en el Código Penal español.

Sin euroorden

En este escenario, Llarena deberá resolver si promueve la extradición, como apuntan algunas fuentes jurídicas, o plantea otro tipo de auxilio judicial porque no cabe plantear la euroorden dado que Suiza, aunque firmó el tratado de Schengen, no es miembro de la Unión Europea y, por tanto, está fuera del ámbito de aplicación de una euroorden.

La exdiputada de la CUP explicó en las declaraciones a los medios helvéticos que solo pedirá el asilo político si se plantea la extradición; no antes, porque su intención y la de su formación es «internacionalizar el conflicto catalán» sin motivar fricciones entre los estados. Gabriel, según su relato, tomó la decisión de irse a Suiza tras ver los ingresos en prisión del exvicepresidente Junqueras, los exconsejeros y los expresidentes de la ANC y Ómnium. Entonces «me di cuenta de que debía irme». Como llegó a la conclusión de que no iba a tener «un juicio justo» buscó un país que protegiera sus «derechos», y ese fue Suiza, donde pretende retomar su vida académica. Gabriel fue profesora invitada de Historia del Derecho en la Universidad de Barcelona.

La dirigente anticapitalista comparó además la situación de España con la Turquía, donde en torno a 50.000 personas están procesadas por presuntos vínculos con el fallido golpe de Estado contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, mientras que en la causa que se instruye en el Supremo hay 28 investigados por el proceso soberanista.

Su abogado, el también exdiputado de la CUP Benet Salellas, comunicó al Supremo solo por «lealtad procesal» que su patrocinada no acudirá a su citación y por toda justificación legal sobre la ausencia remitió al juez a «la extensa entrevista» concedida ayer al diario Le Temps de Ginebra.

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