La ampliación temporal de la causa del 'procés' afecta al futuro político de los presos

El juez Llarena extiende hasta 18 meses más la fase de instrucción y retrasa la inhabilitación provisional del cargo de Sànchez y Junqueras

MATEO BALÍN

madrid. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dispondrá de hasta 18 meses más (octubre de 2019) para finalizar la instrucción de la causa contra el proceso político ilegal en Cataluña, en la que investiga a 28 exmiembros del Gobierno catalán, de la Mesa del Parlament y representantes de la sociedad civil por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

En un auto notificado ayer, el magistrado resolvió ampliar temporalmente la investigación tras escuchar los informes favorables de la Fiscalía del Supremo, Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por el partido Vox y por la práctica totalidad de las defensas.

Para ello, Llarena valoró la existencia «de un gran número de investigados, la necesidad de examen de abundantes documento en la causa, el número de recursos pendientes (ante el juez y la Sala de Apelaciones) o la tramitación de diligencias de investigación en curso».

Una de ellas, por ejemplo, se refiere a la presunta malversación de dinero público que podría haber movido la delegación de la Generalitat en Bruselas (Bélgica) a través de varias cuentas bancarias. Las pesquisas que dirige la Guardia Civil, por lo tanto, también se extienden al extranjero.

En un principio, el periodo de instrucción previsto por la Ley de Enjuiciamento Criminal (LeCrim) era de seis meses, que vencerían el próximo 30 de abril, pero el juez quiere disponer de hasta 18 meses más para finalizar las pesquisas, dictar auto de procesamiento y apertura de juicio oral. Por este motivo ha declarado la causa como «compleja».

Esta ampliación de los plazos afectará al horizonte procesal de la causa contra el 'procés', sobre todo a la situación de dos de los cuatro presos preventivos: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña Jordi Sànchez.

Procesamiento

Los dos son diputados electos del Parlament y Sánchez, además, fue ayer nominado por el expresidente Puigdemont desde Bruselas como su sucesor. Así, la vida política de ambos queda ahora a expensas de la duración de la instrucción del juez Llarena. La razón no es otra que ambos podrán seguir ejerciendo sus cargos desde prisión hasta que no sean procesados cuando concluya la investigación. Las quinielas apuntaban a que sería esta primavera, pero la ampliación hasta 18 meses más cambia por completo el escenario.

Y es que el artículo 384 bis de la LeCrim prevé la suspensión de «función o cargo público» de los procesados por delitos de terrorismo o rebelión mientras dure la situación de prisión. Es decir, que si Llarena propone juzgar por rebelión a los investigados -dirección a la que apuntan todas sus resoluciones-, y el auto es confirmado por la Sala de Apelaciones -como ha hecho hasta ahora- y para entonces Sànchez y Junqueras siguen en prisión, serán suspendidos de sus cargos de forma provisional hasta conocer la sentencia. Por lo que la candidatura de el expresidente de la entidad soberanista ANC también se juega en el Supremo.

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