Amnistía reprocha a España la gestión de la crisis catalana

MELCHOR SÁIZ-PARDO

MADRID. Pocas veces un informe anual de Amnistía Internacional había estado tan centrado en cuestiones políticas españolas. La organización no enfoca esta vez el grueso de sus denuncias en la situación de los inmigrantes, en los casos sobre malos tratos policiales o el recorte de los derechos por la 'ley mordaza'. El 'procés' se cuela en el dossier sobre el estado de los derechos humanos en el mundo presentado ayer. Un documento que el Gobierno esperaba con preocupación y que incluye duras críticas a las fuerzas de seguridad y los jueces por aspectos de la gestión de la crisis catalana.

El apartado dedicado a España se centra en la jornada del referéndum ilegal para concluir que «los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que controlaron las protestas del 1 de octubre en Cataluña emplearon fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos que se oponían a una operación policial». Recuerda que la Policía Nacional, al menos en un punto del centro de Barcelona, «disparó cartuchos de fogueo y pelotas de goma», hiriendo de «gravedad» a una persona, que perdió la vista.

Amnistía, además, asegura que en España «se restringió el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de las personas que apoyaban la independencia catalana». El documento insiste en que esas restricciones fueron decisión de «algunas autoridades», sobre todo tras la decisión del Constitucional de suspender cautelarmente la ley del referéndum catalán. Menciona además que en Madrid y Vitoria los tribunales prohibieron dos «acto públicos de apoyo al referéndum».

El documento analiza con detenimiento la situación de los últimos meses en Cataluña y dedica un apartado al encarcelamiento de los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Ómniun, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.

Amnistía Internacional deja claro que, a su entender, el 27 de octubre «los grupos políticos independentistas del parlamento autonómico catalán» sí que «declararon unilateralmente la independencia de Cataluña». Y que el referéndum del 1-O, recuerda, se hizo «desafiando varias sentencias del Tribunal Constitucional».

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