El PNV afronta el juicio por su mayor escándado de corrupción

El exdirigente nacionalista Alfredo de Miguel (izquierda) llega a los juzgados de Vitoria junto a su abogado. :: Rafa Gutiérrez/
El exdirigente nacionalista Alfredo de Miguel (izquierda) llega a los juzgados de Vitoria junto a su abogado. :: Rafa Gutiérrez

El conocido como 'caso De Miguel' sienta en el banquillo de los acusados a 26 procesados relacionados con el partido

ANDER CARAZO

vitoria. El PNV se enfrenta desde mañana al principal escándalo de corrupción en el que sus siglas se han visto envueltas. El conocido como 'caso De Miguel' sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Álava a 26 procesados, entre ellos, significados cargos del Partido Nacionalista, algunos con importantes responsabilidades en el pasado en la Diputación de Álava. Uno es Alfredo de Miguel, 'hombre fuerte' del Gabinete foral y que estaba llamado a dirigir el PNV de Álava. Cuando agentes de la Ertzaintza le detuvieron el 17 de marzo de 2010, su prometedora carrera política saltó por los aires y colocó al partido, que entonces dirigía el ahora lehendakari Iñigo Urkullu, entre la espada y la pared.

De Miguel, al que todos conocen coloquialmente como 'Txitxo', se sentará en el banquillo del Palacio de Justicia de Vitoria acusado de liderar, según el juez instructor, «un entramado societario» creado para conseguir contratos públicos de manera irregular y recibir a cambio comisiones. Se enfrenta a una petición de 54 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Lejos quedan aquellos días en los que 'Txitxo' dirigía el departamento foral de Administración Local, encargado de 'mimar' a los pueblos del territorio histórico, el principal caladero de votos para los nacionalistas.

El extensísimo sumario está compuesto por cerca de 21.000 folios e implica a otros 25 antiguos altos cargos, militantes y 'fontaneros' relacionados sobre todo con el sector más soberanista de la formación vasca. Todos ellos se enfrentan a penas que, como mínimo, supondrían 7 años y medio de cárcel.

Un duro golpe

El destape de esta presunta trama supuso un duro golpe para el PNV. Conscientes de la gravedad de la investigación, reclamaron incluso a los imputados que entregaran sus carnés del partido. Tuvieron que esperar seis meses, en lo que se interpretó como un pulso de los procesados a la formación. De ahí, que la dirección nacionalista tratara de reducir el caso a Álava a unos comportamientos personales ajenos al PNV.

Los nacionalistas siempre han intentado evitar que se les relacionase con la corrupción. En los años en que los escándalos urbanísticos golpeaban a PP y PSOE, el PNV llegó a presumir de no tener mancha alguna. En 2014, de hecho, Urkullu, ya investido lehendakari, aseguró en el Parlamento que la corrupción «no encaja con nuestra cultura y nuestros valores políticos y sociales». Respondía así al titular del Juzgado de Instrucción Número 4, Roberto Ramos, y al fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, que poco a poco fueron descubriendo una maraña de firmas constituidas «precisamente» -según el auto- para la consecución de manera irregular de contratos en administraciones controladas por mandatarios del PNV y la supuesta solicitud de comisiones «en base a negocios jurídicos o contratos simulados».

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