La CUP afirma que los servicios de inteligencia iban a promover la violencia

El arzobispo de Barcelona niega que en su intento de mediar advirtiera sobre una reacción violenta del Estado

R. C. BARCELONA.

La CUP ratificó ayer la denuncia de la secretaria general de Esquerra de que el Gobierno de Mariano Rajoy amenazó con violencia y con «muertos en la calle» si no se ponía fin al proceso secesionista. Su número uno en las listas para las elecciones del 21 de diciembre, Carles Riera, sostuvo que en su formación tiene constancia de que «los servicios de inteligencia» planeaban «en colaboración con grupos de extrema derecha generar conflictos violentos» para responsabilizar de ellos a la izquierda independentista.

El dirigente anticapitalista apuntó que esto «no es nuevo», que «hace meses» que sabían de esos movimientos. Riera, no obstante, se negó a precisar la identidad de las fuentes informantes. Tampoco Marta Rovira en su denuncia del viernes facilitó los nombres de «las múltiples vías» que alertaron a Esquerra Republicana de la intervención del Ejército y del escenario de «violencia extrema» con «sangre» que se avecinaba si la Generalitat no desactivaba la declaración de independencia. Simplemente señaló al «Estado» y dejó en el aire la posibilidad de revelar la procedencia en el futuro.

La mediación durante el proceso independentista, y especialmente los días previos a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, fue intensa y tuvo diversos protagonistas. Algunas informaciones señalaban por ello ayer que las advertencias sobre una reacción airada del Gobierno en caso de declaración unilateral de independencia pudieron proceder de las personas que intentaron terciar en el conflicto. Algunos de los que entonces mantuvieron contactos con la Generalitat y el Ejecutivo de Mariano Rajoy son el lehendakari Íñigo Urkullu, que vio cerca la posibilidad de lograr que Carles Puigdemont accediera a convocar elecciones, y el cardenal arzobispo de Barcelona.

Juan José Omella, sin embargo, negó ayer «categóricamente» que previniera a las fuerzas secesionistas sobre la violencia del Estado. En un escueto comunicado, el Arzobispado de Barcelona desmintió cualquier información al respecto.

En busca de la fuente

Según el diario 'Ara', en todo caso, uno de los informantes pudo ser el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo en Cataluña, que también medió entre las dos administraciones. El periódico apunta que la noche del 25 de octubre Rafael Ribó trasladó a la Generalitat que el Gobierno preparaba una «respuesta contundente» si los partidos independentistas seguían adelante con sus planes de proclamar la república. En definitiva, una «intervención muy fuerte».

Esa noche, fuentes del Ejecutivo de Cataluña hicieron llegar al Gobierno que Carles Puigdemont estaba dispuesto a llamar a las urnas, una vía en la que había trabajado el entonces consejero catalán Santi Vila. La mañana del jueves 26 de octubre, la convocatoria de elecciones parecía estar a punto de anunciarse. Todo se torció. Aseguran fuentes conocedoras de los movimientos, que por la desconfianza mutua entre las partes.

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