El PNV acusa al Ejecutivo de vulnerar la legalidad con el mando policial para el 1-O

Legarda subraya que el Estatut impide aplicar sobre los Mossos la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad invocada ahora por la Fiscalía

P. DE LAS HERAS

Madrid. El PNV volvió a escenificar ayer, durante la sesión de control al Gobierno, el mal momento que atraviesan sus relaciones con el Ejecutivo a cuenta de la actuación del Estado en Cataluña. Un día después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confirmara que deja en suspenso los presupuestos de 2018 ante las dificultades que ofrece una negociación política en el actual contexto, el diputado Mikel Legarda reprochó al ministro del Interior una evidente falta de escrúpulo en el cumplimiento de la ley.

El portavoz nacionalista en las comisiones de Justicia, Interior, de Seguridad Nacional y Constitucional se refirió de manera específica a la decisión del fiscal superior de Cataluña de designar a un cargo de la Secretaría de Estado de Seguridad, es decir, del Ministerio del Interior que dirige Juan Ignacio Zoido, como coordinador del dispositivo policial para impedir el referéndum «ilegal» del 1 de octubre.

Con su instrucción, la Fiscalía facultó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios del departamento ministerial, para dirigir tanto a la Guardia Civil y la Policía Nacional como a los Mossos d'Esquadra. Algo que, acusó Legarda, vulnera el Estatuto de Cataluña de 2006.

El también jurista vasco recordó que el artículo 164 del actual marco de autogobierno convirtió en inaplicables para la policía autónoma catalana los artículos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los que el fiscal apoya la orden, el 38 y el 42.

Legarda admitió que el Gobierno o la Fiscalía habrían podido invocar esos preceptos antes de la reforma llevada a cabo durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaba en vigor el estatuto de Nuria de 1979. Pero insistió en que ya no es posible. «Hacen trampa legal y constitucional y también lo hace la Fiscalía a su dictado», reprobó.

Para reforzar su argumentación, recordó que ya durante la tramitación del actual Estatut el PP trató de enmendar ese artículo, el 164, precisamente porque consideraba que mermaba la capacidad de intervención del Estado en Cataluña a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Pero no logró los votos suficientes.

«Supongo que todo esto al Gobierno le dará igual porque el Tribunal Constitucional nunca suspende sus decisiones -remachó el parlamentario- y sus sentencia tardan años».

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