La Abogacía del Estado estudia ya el texto de la ley de desconexión catalana

Rajoy lee unos documentos anteayer en el palacio del Eliseo, tras la cumbre europea y africana sobre emigración. :: Y. valat /  efe/
Rajoy lee unos documentos anteayer en el palacio del Eliseo, tras la cumbre europea y africana sobre emigración. :: Y. valat / efe

El PDeCAT traslada al Gobierno que «aún hay tiempo para la política» pese a haber registrado la norma para proclamar la república de Cataluña

NURIA VEGA MADRID.

Registrada este lunes en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad de Junts pel Sí y la CUP, la Abogacía del Estado ha comenzado a examinar el texto en previsión de que el Gobierno resuelva interponer un recurso de inconstitucionalidad que frene su tramitación parlamentaria. Fuentes de la Moncloa recuerdan que, por ahora, la presentación del marco legal para separar Cataluña de España no pasa de ser un anuncio más del bloque secesionista sin ningún valor jurídico. Pero del mismo modo garantizan que una vez se active el proceso para su aprobación, el Ejecutivo actuará de inmediato para dejar la norma sin efecto.

Los servicios jurídicos del Estado ya procedieron del mismo modo el pasado julio, cuando los partidos independentistas registraron en la Cámara autonómica la ley del referéndum para convocoar la consulta del próximo 1 de octubre. Ese recurso, según el Ejecutivo, está listo desde hace semanas, pero no se dará ningún paso en falso mientras el Parlamento mantenga paralizados los dos textos legales elaborados para dar cobertura a la desconexión.

El Gobierno de Mariano Rajoy trabajaba con la previsión de que la norma del referéndum podía ser admitida a trámite en la reunión de la Mesa de la Cámara catalana el pasado 16 de agosto. El Ejecutivo, de hecho, convocó para esa misma tarde un Consejo de Ministros extraordinario. En el orden del día figuraba el conflicto laboral en el aeropuerto de El Prat, pero en caso de que el Parlamento hubiese dado un paso al frente, el Gabinete podría haber autorizado sin más dilación a Mariano Rajoy para presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional previa consulta al Consejo de Estado.

El PSOE es partidario de «retirar las urnas» si el 1 de octubre hay evidencias de la comisión de un delito

Fuentes del PP dan por sentado, teniendo en cuenta los precedentes y no ocultando los partidos secesionistas su intención de proclamar una república en Cataluña, que tanto la ley del referéndum como la de transitoriedad quedarán suspendidas de inmediato. El secretario general de los populares en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, advirtió ayer de que «no entrarán en vigor ni tendrán ningún efecto político ni jurídico».

Bloque constitucionalista

En esta estrategia, que pasa por cerrar el paso a la Generalitat en los tribunales, Rajoy cuenta con el respaldo tanto del PSOE como de Ciudadanos. Con ambas formaciones, así como con los socialistas catalanes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, mantiene un contacto permanente y, según ha confesado ella misma en numerosas ocasiones, los dos partidos están puntualmente informados de cada decisión que se toma en la Moncloa para afrontar el reto secesionista. Pero la conversación telefónica de este lunes entre el presidente y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha servido para afianzar aún más el bloque constitucionalista.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, argumentó ayer que «un partido con vocación de gobierno» debe respaldar al Ejecutivo en la defensa de la legalidad. E incluso se mostró partidaria de «retirar las urnas» de las calles si el 1 de octubre la Generalitat cometiese un delito con la celebración del referéndum. «Si el Tribunal Constitucional se pronuncia, la política, como respetuosa que tiene que ser con el Estado de Derecho, tiene que aceptar lo que diga el tribunal», anticipó, aun matizando que habrá que ver cómo procede exactamente el Gobierno catalán.

Los socialistas critican, en todo caso, que la única vía que ha transitado Rajoy sea la judicial. En este sentido, el PDeCAT aprovechó ayer para apelar a la «inteligencia» del Ejecutivo. El portavoz de los nacionalistas catalanes en la Cámara baja, Carles Campuzano, insistió en que todavía «hay tiempo para la política», aunque lo que a su entender debería hacer el Gobierno es permitir que los catalanes voten y «decidan su futuro».

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