Puigdemont advierte al Gobierno de que si no hay pacto habrá referéndum

A cuatro meses de la fecha prevista para el referéndum, el soberanismo catalán lanzó ayer en Madrid una penúltima oferta al Gobierno central para resolver de manera dialogada el pleito catalán. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; y el consejero de Exteriores, Raül Romeva, pronunciaron una conferencia en el Auditorio Caja de Música, en el Palacio de Cibeles de Madrid, sede del Ayuntamiento de la capital, en la que reclamaron al presidente del Gobierno «voluntad de diálogo» y que lidere una «solución de Estado», similar a la que permitió el retorno del exilio de Josep Tarradellas, que posibilite la celebración de un referéndum sobre la independencia.

A través de una conferencia titulada «Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático», el independentismo se ofreció para negociar los términos de la consulta prevista para el 1 de octubre, pero desde la premisa, planteada por Puigdemont, de que no está dispuesto a renunciar al referéndum. De ese modo la oferta de un «diálogo permanente» se convirtió más bien en un ultimátum con la cuenta atrás puesta en marcha.

«Vamos a Madrid a explicarnos, no a pedir permiso», afirmó desafiante Junqueras poco antes de coger el AVE hacia la capital de España. Esa es la apuesta que Puigdemont puso sobre la mesa desde el inicio de la legislatura: «referéndum o referéndum». O una consulta celebrada con el visto bueno del Gobierno o sin su autorización. En la conferencia, el dirigente nacionalista lo expresó en términos similares. «Esperaremos hasta el último minuto de la prórroga, pero que no quepa duda de que, si no se articula una propuesta pactada por parte del Gobierno español, nuestro compromiso con el pueblo es democráticamente inviolable», afirmó. «Celebraremos el referéndum», remató.

Tras cinco años de proyecto soberanista, Puigdemont y el independentismo buscan una salida al laberinto del proceso y tratan de descargar toda la responsabilidad en el Gobierno central, al que acusan de mirar hacia otro lado, de comportarse de manera irresponsable y de no ser sincero cuando hace apelaciones al diálogo, si bien los secesionistas tampoco deslizan gestos que ayuden a la distensión. Más bien al contrario.

El soberanismo no da ningún paso más allá de decir que dialogar es sentarse en una mesa sin condiciones previas, sin límites, sin tópicos, sin reproches, sin amenazas, ni subterfugios. El único avance por su parte ha sido reconocer que el Gobierno de Rajoy empieza a «describir correctamente» el problema y celebrar que por primera vez «se abre a la posibilidad de negociar el ejercicio al derecho a la autodeterminación, si el Congreso avala los cambios necesarios que lo amparen».

Ni al Senado ni al Congreso

Puigdemont fue rotundo y recordó a Rajoy en su conferencia que una vez que se celebre la consulta, convocada a las bravas, ese diálogo ya no será para pactar cuándo debería celebrarse la consulta y en qué condiciones, sino para «implementar» los resultados y «contribuir a la transición del nuevo Estado catalán».

Mano tendida por parte del presidente de la Generalitat y de su ejecutivo para buscar soluciones con Mariano Rajoy, pero al mismo tiempo firmeza en el desafío al resto de España. «El Estado no tiene tanta fuerza para impedir» el referéndum, dijo el presidente catalán. Junqueras, en la misma línea, advirtió de que la consulta se celebrará aunque «haya condenas y querellas».

Puigdemont hace bandera del diálogo, pero ha rechazado las dos ofertas recibidas en el último año: primero se negó a debatir en el Senado en la Comisión de Comunidades Autónomas y ahora rechaza ir al Congreso porque es una «coartada para difuminar ante los observadores internacionales la ausencia de voluntad política del Gobierno del Estado». «Si la propuesta del Gobierno no quiere ser una trampa ni una invitación a recorrer los mismos caminos ya recorridos por otros», en alusión al que hizo en 2005 el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe, hay que «habilitar una solución y pactar antes de ir al Parlamento».